Represión transnacional de Ortega, identificada como crimen de lesa humanidad por el GHREN

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) concluyó que la represión ejercida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra opositores nicaragüenses en el exilio forma parte de una estrategia sistemática que puede constituir el crimen de lesa humanidad de persecución política.
Los expertos señalan que las violaciones documentadas desde 2018, entre ellas asesinatos, encarcelamientos, torturas, deportaciones y desapariciones forzadas, forman parte de un patrón sistemático de represión política.
«Las violaciones investigadas por el Grupo desde 2018 constituyen, a primera vista, crímenes de lesa humanidad por asesinato, encarcelamiento, tortura, deportación, desaparición forzada (…) y persecución por motivos políticos», indica el informe.
El documento pone especial énfasis en la dimensión transnacional de la represión, que en los últimos años se ha intensificado contra nicaragüenses en el exilio.
«Los opositores reales y sus familiares en el exilio han sido cada vez más objeto de violaciones transnacionales de los derechos humanos que, en algunos casos, constituyen, prima facie, el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos», advirtieron los expertos.
Una «arquitectura transnacional» para perseguir al exilio
El informe destaca que, desde 2024, el régimen ha perfeccionado una «arquitectura transnacional» para ejecutar estas acciones y atacar a opositores y sus familiares fuera de Nicaragua.
Las medidas adoptadas por el régimen contra la diáspora han incluido la privación arbitraria de la nacionalidad, la negativa a emitir documentos oficiales y restricciones para regresar al país, lo que ha dejado a numerosas personas en condición de apatridia.
«El Gobierno ha privado arbitrariamente de su nacionalidad a 452 nicaragüenses, ha dejado a miles más de exiliados en situación de apatridia de facto al negarse a renovar o proporcionar documentos, y ha impedido a muchos regresar a Nicaragua».
El informe también hace mención a los casos de algunos exiliados considerados particularmente críticos del régimen que han sido víctimas de agresiones físicas e incluso asesinatos perpetrados por individuos presuntamente vinculados al régimen nicaragüense, como el de Joao Maldonado y Roberto Samcam.
Órdenes directas desde la cúpula
El experto Reed Brody afirmó que la persecución contra el exilio es parte de una estrategia deliberada del régimen dirigida desde la cúpula del poder en Nicaragua.
«El Estado y el FSLN se han fusionado en una sola máquina represiva que no se detiene en la frontera», afirmó Brody.
Según explicó, aunque el régimen ha consolidado un férreo control dentro del país, el masivo éxodo de nicaragüenses ha generado un nuevo foco de preocupación para el Gobierno sandinista.
«Como más del 12 % de los nicaragüenses han abandonado el país, esta población constituye un potencial grupo de disidentes», señaló.
Brody también aseguró que el régimen ha construido un aparato específico para vigilar y perseguir a la diáspora nicaragüense. «Las misiones diplomáticas, en al menos cinco países, tienen funcionarios de inteligencia militar y los embajadores reportan directamente a Rosario Murillo», afirmó el experto.

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