Murillo designó a Fidel Moreno para dirigir la represión en Nicaragua con recursos del Estado

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) determinó que la codictadora Rosario Murillo, con Fidel Moreno como su principal operador y ejecutor, desvió recursos del Estado para financiar la represión en Nicaragua desde el año 2018.

En su más reciente informe de este martes 10 de marzo, el GHREN documentó «el uso indebido de bienes públicos, incluidos vehículos oficiales, instalaciones y bienes del Estado, para llevar a cabo actos de represión. Además, se han utilizado fondos públicos para contratar a militantes del partido como funcionarios públicos con fines ajenos a sus funciones oficiales, para participar de forma encubierta en la comisión de graves violaciones de los derechos humanos».

La vía que usan es el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en coordinación con autoridades de ministerios, departamentales y municipales, quienes desde hace ocho años ponen a disposición del partido dinero del Estado para contratar en esas dependencias a miembros de la organización para hacerlos pasar como funcionarios públicos, pero en realidad se dedican a las labores de vigilancia, represión y ataques a la disidencia que participan «de forma encubierta en la comisión de graves violaciones de los derechos humanos».

El GHREN dijo que desde 2018 se instaló una «estructura paralela» dentro del FSLN encargada para reprimir, todo esto por órdenes de Murillo, quien en ese momento fungía como la vicepresidenta de Daniel Ortega. Incluso, se documentó que las acciones comenzaron con una reunión logística en la Alcaldía de Managua a la que asistieron la presidenta ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, Guiomar Aminta Irías Torres; personal del municipalidad de Managua, secretarios políticos departamentales del FSLN, así como secretarios políticos del FSLN de al menos seis instituciones públicas, incluidos cuatro ministerios.

Este equipo se encontró para recibir la orden de redirigir fondos públicos de cada organismo para dedicarlos a la financiación de grupos progubernamentales y otros gastos para aumentar la represión.

Operación Limpieza: objetivo fue reprimir con fondos públicos

Una de las acciones inmediatas, tras esa reunión, fue el lanzamiento de la llamada «Operación Limpieza» por parte de la dictadura, que en teoría se implementó para asear la ciudad y levantar los trancones de las protestas antigubernamentales, aunque la realidad fue otra: «Las autoridades de varios municipios utilizaron fondos de sus presupuestos anuales, incluidos algunos destinados a asistencia social, para cubrir el pago de dietas, alimentación, transporte, combustible y otros gastos de los grupos armados progubernamentales. El Grupo ha identificado a una empresa de servicio de comedores propiedad de un familiar de la Sra. Murillo como el principal proveedor de comidas», aseguró el GHREN.

Llegaron a determinar que en los primeros meses de esa operación de financiamiento a grupos paramilitares se aportaron desde las instituciones estatales hasta 5 millones de dólares.

«Parte de esta operación se financió con cargo a partidas presupuestarias municipales asignadas formalmente a proyectos a corto plazo denominados generalmente ‘limpieza’, ‘asistencia humanitaria’ o ‘relaciones públicas’, o con cargo a partidas presupuestarias para gastos de funcionamiento, como combustible, seguridad y dietas. El Grupo identificó 13 proyectos de este tipo, con una duración de entre uno y tres meses, financiados con cargo al presupuesto del Gobierno central en municipios de los departamentos de Carazo, Granada, Managua, Masaya y Matagalpa. La ejecución de estos proyectos coincidió con la puesta en marcha de la Operación Limpieza. Varios testigos informaron al Grupo de que durante ese período no se llevaron a cabo los correspondientes proyectos de limpieza ni renovación», explicaron en su informe.

Fidel Moreno encabeza estructura paralela del FSLN

Estas dependencias, con fondos públicos, proveyeron logística, combustible, alimentos y transporte a los grupos paraestatales que de forma violenta sofocaron las manifestaciones contra la dupla Ortega-Murillo.

Los expertos dijeron que se trató de «transacciones financieras encubiertas» en las que los miembros del FSLN también debían aportar recursos personales. Quienes no lo hicieron sufrieron represalias, destacó el documento.

La estructura fue tal que se obligó a instituciones del Estado a cargar el financiamiento al Frente Sandinista y empresas vinculadas con el partido que inflaron presupuestos, actividades e informes financieros de servicios que nunca prestaron. El objetivo era obtener los recursos para reprimir.

En específico dijeron que Fidel Moreno «coordina esta estructura con un equipo de asociados de gran confianza, entre los que se incluyen expertos en auditoría y finanzas, miembros de alto nivel del FSLN y personal de la Alcaldía de Managua. Su función es transmitir órdenes y supervisar el cumplimiento de las instrucciones de la Sra. Murillo. Han establecido mecanismos para encubrir la financiación de actividades represivas incorporándolas a procesos oficiales de rendición de cuentas y contabilidad, bajo la responsabilidad de la secretaría de finanzas del FSLN».

En este capítulo del financiamiento de la represión, el GHREN agregó que «la práctica de financiar los gastos de los partidos políticos y la represión del Estado con fondos públicos continúa hasta el día de hoy. El Grupo tiene motivos razonables para creer que el uso indebido y el desvío de fondos públicos constituyen una práctica sistemática de corrupción estatal que ha contribuido directamente —y sigue contribuyendo— a la comisión de graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad».