Régimen de Nicaragua mantiene una red transnacional contra exiliados, advierte informe del GHREN

Nicaragua mantiene una «extensa» red transnacional para vigilar e intimidar a opositores en el exilio, que afecta a «cientos de miles» de personas, advirtió este martes el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU.

Un informe elaborado por los expertos «detalla una extensa arquitectura transnacional de vigilancia e inteligencia utilizada para monitorear, intimidar y atacar a los cientos de miles de nicaragüenses que viven en el extranjero», declaró en un comunicado el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.

Nota relacionada: ONU alerta sobre el aumento de la persecución contra quienes amenazan el poder de Rosario Murillo

En el informe que será presentado el 16 de marzo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, los expertos apuntaron que la estructura sostenida por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua incluye al «ejército, la policía, autoridades migratorias (… y) misiones diplomáticas».

452 nicaragüenses en condición de apatridia

De acuerdo con el comunicado, «el Gobierno ha privado arbitrariamente de su nacionalidad a 452 nicaragüenses, ha dejado a miles más de exiliados en situación de apatridia de facto al negarse a renovar o proporcionar documentos, y ha impedido a muchos regresar a Nicaragua».

El comunicado añadió que «desde 2018, fondos públicos han sido desviados para financiar la represión a través de la creación de una estructura paralela dentro del partido de gobierno».

Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos, señaló en el comunicado que «la represión y la corrupción institucional se han convertido en el método de gobierno en Nicaragua».

«La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras para garantizar que nadie se interponga en el camino del régimen», agregó Simon.

El comunicado apuntó que «se han reportado al menos una docena de casos de asesinatos o intentos de asesinato contra críticos en el exilio, incluido el asesinato en junio de 2025 en Costa Rica del mayor retirado del ejército y crítico del gobierno, Roberto Samcam».

Otro miembro del comité de expertos Reed Brody apuntó que «el mal uso y el desvío de recursos públicos han contribuido directamente a la comisión de graves violaciones de derechos humanos».

Vigilancia, acoso y difamación

Según el informe, nicaragüenses en el exilio han sido objeto de vigilancia, acoso, campañas de difamación y amenazas a través de una red de inteligencia que opera más allá de las fronteras nacionales.

De acuerdo con los expertos, esta estructura de seguimiento se apoya en una red amplia y compleja de vigilancia que utiliza incluso tecnologías digitales avanzadas para monitorear y hostigar a opositores en el extranjero.

El informe señala que la red está integrada por actores estatales y personas afiliadas al Frente Sandinista de Liberación Nacional, que actuarían bajo las órdenes de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.

«Las víctimas son rastreadas digitalmente mediante el pirateo informático de cuentas, el uso de programas espía, la vigilancia de los medios sociales y la interceptación de comunicaciones. Muchos son objeto de doxing y acoso en línea, incluidas amenazas de muerte y campañas de desprestigio coordinadas que llevan a cabo granjas de trols y redes de bots vinculadas a la Juventud Sandinista, las estructuras del FSLN y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos», detalla el informe.

Entre los sectores más afectados por estas acciones de persecución transnacional figuran excombatientes sandinistas y antiguos miembros de la fuerza contrarrevolucionaria de los Contras, así como exmilitares, periodistas, figuras de la oposición, defensores de derechos humanos, activistas y estudiantes.

«Los nicaragüenses exiliados también han sido sometidos a seguimiento físico, fotografiados, acosados y amenazados por agentes encubiertos o informantes que se coordinan a través de la estructura de inteligencia nicaragüense, sobre todo en los países vecinos, como Costa Rica y Honduras, aunque el Grupo también ha documentado casos en Bélgica, Guatemala, España y los Estados Unidos de América».

Para el Grupo de Expertos, el patrón evidencia que la estrategia represiva del Estado nicaragüense también busca intimidar y silenciar a voces críticas incluso fuera del territorio nacional.