Eliminación de la doble nacionalidad: la nueva vía para anular derechos a nicaragüenses
La reciente reforma a los artículos 23 y 25 de la Constitución, impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha encendido nuevas alertas entre organizaciones opositoras y defensoras de derechos humanos, que advierten que la eliminación de la doble nacionalidad implica un despojo mucho más amplio de derechos civiles, políticos y patrimoniales para miles de nicaragüenses.
En un comunicado público, la Gran Confederación Opositora Nicaragüense denunció que esta medida golpea directamente a la población en el exilio y a la diáspora, al establecer la pérdida automática de la nacionalidad nicaragüense para quienes adquieran otra ciudadanía, una decisión que consideran represiva y contraria al derecho internacional.
La organización opositora sostiene que la reforma constitucional consolida un mecanismo de castigo político, utilizado contra personas críticas al régimen, obligándolas a elegir entre acceder a derechos básicos en el extranjero o conservar su vínculo con Nicaragua.
¿Qué otros derechos se pierden con la reforma?
Además de la anulación de la doble nacionalidad, la reforma profundiza la crisis de derechos humanos, al convertir la nacionalidad en una herramienta de control político, con efectos directos sobre la vida jurídica y social de los ciudadanos, tanto dentro como fuera del país.
Pérdida automática de la nacionalidad nicaragüense: Cualquier ciudadano que adquiera otra nacionalidad pierde de inmediato la nicaragüense, lo que afecta especialmente a exiliados que buscaron protección y estabilidad en otros países.
Derechos políticos: Al perder la nacionalidad, las personas quedan sin derecho a votar, ser electas o participar en la vida política del país.
Derecho a la propiedad: Los afectados pasan a ser considerados «extranjeros», lo que abre la puerta a la confiscación de bienes, tierras y propiedades en Nicaragua.
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Derecho a regresar al país: La desnacionalización implica la prohibición de entrada al territorio nacional, incluso al país de origen.
Riesgo de apatridia: La medida agrava la situación de quienes ya han salido del país y han recibido nacionalidad en sus países de acogida.
Aunque el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, afirmó que la reforma no es retroactiva, el texto legal omite esta cláusula de forma explícita. Este vacío jurídico deja la aplicación de la norma a la libre interpretación del régimen.
Reforma golpea un conjunto de derechos
Para Salvador Marenco, coordinador del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, las reformas al artículo 23 y 25 vulneran uno de los pilares del sistema internacional de derechos humanos.
«El derecho a la nacionalidad forma parte del núcleo duro de los derechos humanos; no puede suspenderse ni siquiera en estados de excepción», afirmó Marenco, al explicar que este derecho funciona como un «paraguas» que permite el ejercicio de otros derechos fundamentales.
El defensor advirtió que golpear la nacionalidad es, en realidad, golpear un conjunto de derechos: «Los derechos políticos, el derecho a la personalidad jurídica, a un proyecto de vida y a la seguridad jurídica, entre otras tantos derechos que podemos adquirir y que dependen directamente de la nacionalidad», alertó.
Marenco señaló que Nicaragua se coloca entre un grupo muy reducido de países que permiten la desnacionalización de nacionales de origen o la pérdida automática de la nacionalidad por adquirir otra, una práctica «ampliamente criticada por la comunidad internacional».
A su juicio, el régimen utiliza esta figura de manera represiva, generando arbitrariedad y dejando a miles de personas en un limbo jurídico. Alertó que la medida no se limita a retirar la nacionalidad. «En Nicaragua, la desnacionalización viene acompañada de confiscaciones, pérdida de pensiones y de todos los derechos civiles, políticos y económicos. El impacto afecta de forma profunda la vida de los nicaragüenses».
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