Parlamento Vasco se pronuncia contra el autoritarismo en Nicaragua y denuncia una persecución sistemática tras siete años de represión
El Parlamento Vasco aprobó el pasado 22 de diciembre un contundente pronunciamiento político en el que expresa respeto, apoyo y solidaridad con las personas defensoras de derechos humanos nicaragüenses, con quienes resisten dentro del país y con quienes se han visto forzadas al exilio para proteger su vida, así como con aquellas a quienes el régimen les ha negado el ingreso a su propia nación.
En el texto, la Cámara vasca reconoce la defensa legítima de los derechos humanos, la vida digna y la lucha contra la impunidad.
El posicionamiento parlamentario se apoya en información recabada de primera mano gracias al impulso de la Plataforma Nacional Juvenil de Nicaragua (PNJ) y de la Asociación Feminista La Corriente, organizaciones que empujaron este pronunciamiento y trasladaron a Euskadi la dimensión real de la persecución.
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«Gracias a la Plataforma Nacional Juvenil – Nicaragua (PNJ) y a la Asociación Feminista La Corriente, hemos tenido la oportunidad de conocer de primera mano la situación que viven las y los defensores de derechos humanos en el país», subraya el documento.
El Parlamento denuncia que, a más de siete años del estallido social, el régimen nicaragüense encarcela, acosa e intimida de manera sistemática, reiterada y arbitraria a un amplio abanico de sectores sociales.
«El régimen nicaragüense ha encarcelado, acosado e intimidado… a feministas, líderes sociales, pueblos indígenas, juventudes, estudiantes, personas LGTBIQ+, periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos», sostiene el comunicado, que coloca la represión como política de Estado.
Entre los puntos más críticos, la Cámara vasca señala violaciones graves, sistemáticas y generalizadas de derechos humanos contra la población en su conjunto y, de forma particular, contra quienes defienden derechos. Esta constatación activa una alarma internacional al describir un patrón sostenido de abusos que se mantiene en el tiempo sin garantías de protección ni justicia.
El pronunciamiento enfatiza la violencia específica contra niñas, mujeres y población LGTBIQ+, así como la penalización absoluta del aborto, prácticas que —advierte— infringen las obligaciones internacionales asumidas por Nicaragua en el marco de la Convención contra la Tortura. La denuncia coloca el foco feminista como eje central del señalamiento político al régimen.
Asimismo, el Parlamento Vasco condena la censura y las severas restricciones a la libertad de expresión y de prensa, así como los obstáculos al ejercicio periodístico y a la investigación académica. Estas medidas, afirma el texto, cierran el espacio público y silencian las voces críticas, profundizando el aislamiento informativo del país.
En el foco, la represión transnacional
Otro de los señalamientos más duros apunta a la represión transnacional: el régimen extiende la persecución más allá de sus fronteras, hostiga a personas exiliadas y persigue a sus familiares dentro del país. «En los últimos meses se han registrado ataques e incluso asesinatos de opositores al régimen, entre ellos un ciudadano español», advierte el documento, elevando la gravedad del contexto.
La resolución parlamentaria denuncia también la prohibición de ingreso al país, la negación de servicios consulares, el acoso, la vigilancia y la privación arbitraria de la nacionalidad, prácticas que generan apatridia como mecanismo de coacción política. A ello se suma el cierre total del espacio cívico y el acceso restringido de la juventud a una educación de calidad, utilizado —según el texto— para frenar la construcción de una ciudadanía crítica.
El Parlamento Vasco subraya la impunidad que rodea todas estas violencias y critica con dureza la última reforma constitucional, a la que acusa de legalizar un régimen de carácter totalitario.
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