Bukele dice que la reelección indefinida no es «el fin de la democracia» en El Salvador
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, rechazó este domingo que la aprobación en El Salvador de la reelección presidencial indefinida sea el «fin de la democracia», al asegurar que las críticas a esa decisión se deben a que la tomó un país «pequeño y pobre».
En un trámite exprés, el Congreso, que controla el oficialismo, aprobó el jueves una reforma constitucional que permite la reelección indefinida, amplía el mandato de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral.
En su primera reacción a la ola de críticas de organismos de derechos humanos internacionales, Bukele aseguró en la red social X que «el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie se inmuta».
«Pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente es el fin de la democracia», ironizó el mandatario de 44 años, quien llegó al poder en 2019 y se reeligió en 2024 con un 85% de votos que le permitió tener un control casi absoluto de todos los poderes del Estado.
Bukele: «Es doble rasero»
«Por supuesto, se apresurarán a señalar que ‘un sistema parlamentario no es lo mismo que uno presidencial’, como si ese tecnicismo justificara el doble rasero. Pero seamos sinceros, eso no es más que un pretexto», agregó en el mensaje, escrito en inglés.
Según Bukele, si El Salvador se declarara una monarquía parlamentaria «con exactamente las mismas reglas que el Reino Unido, España o Dinamarca», las críticas seguirían.
«Porque el problema no es el sistema, sino el hecho de que un país pobre se atreva a actuar como un país soberano. Se supone que no debes hacer lo que ellos hacen. Se supone que debes hacer lo que te dicen. Y se espera que te mantengas en tu carril», añadió.
Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) consideran la decisión como un «golpe mortal» a la democracia y una «manipulación» a la Constitución para favorecer las ambiciones de poder de Bukele.
El presidente salvadoreño, quien asegura que lo tiene sin cuidado que lo llamen «dictador», goza de gran popularidad por su «guerra» contra las pandillas, que comenzó en 2022 y redujo a mínimos históricos la violencia en el país centroamericano.
Pero grupos de derechos humanos critican su política de seguridad porque está basada en un régimen de excepción que permite arrestos masivos sin orden judicial y restricción de libertades.
La reforma constitucional fue aprobada tras una oleada de detenciones contra defensores de derechos humanos y críticos del gobierno, lo que forzó al exilio a decenas de periodistas y activistas humanitarios.
Oposición política dice que Bukele «se quitó la máscara»
La enmienda promovida por el oficialismo fue criticada por la oposición, quien denunció que se trata de un proceso exprés y sin debate democrático.
La diputada Marcela Villatoro, del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) advirtió que «los diputados oficialistas ya se quitaron las máscaras. Han hecho una confesión pública de matar la democracia disfrazada de legalidad. Esta es la crónica de una muerte anunciada que lleva varios años fabricándose en esta Asamblea Legislativa».
Además de permitir la reelección indefinida, el decreto aprobado establece que el actual mandato presidencial —que inició el 1 de junio de 2024— terminará de forma anticipada el 1 de junio de 2027. A partir de ese año, se unificarán las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.
La diputada Villatoro además tomó la palabra en el plenario legislativo salvadoreño para denunciar que con esa maniobra, «hoy ha muerto la democracia».
El Salvador prohibía expresamente la reelección presidencial inmediata en al menos seis artículos de su Constitución. En marzo de 2021, el propio Bukele decía: «No, no hay reelección [en El Salvador] y yo estaría fuera de la Presidencia a los 42 años».
Sin embargo, ese discurso cambió abruptamente tras la toma de control de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados fueron nombrados irregularmente por la Asamblea oficialista en mayo de 2021.
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