Diputados sandinistas aprueban pacto Ortega-Putin para blindar a funcionarios criminales frente la justicia internacional

La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el Frente Sandinista, aprobó este 11 de julio un acuerdo bilateral entre la dictadura de Daniel Ortega y el régimen de Vladimir Putin que establece protección recíproca para funcionarios activos y retirados de ambos países frente a procesos judiciales impulsados por cortes o tribunales internacionales. El tratado, firmado el 20 de junio en San Petersburgo por Laureano Ortega Murillo, consagra una red legal de inmunidades que podría blindar a responsables de crímenes de lesa humanidad, bajo el argumento de evitar la «politización» de la justicia penal internacional.

Ortega arremete contra la Corte Penal Internacional y se alinea con Rusia

En la exposición de motivos enviada por el Ejecutivo a la Asamblea, la dictadura Ortega-Murillo sostiene que el sistema de justicia penal internacional ha sido capturado por intereses geopolíticos y ya no ofrece garantías a los países del Sur Global. En un discurso que replica las posturas del Kremlin, se acusa al Estatuto de Roma y a la Corte Penal Internacional (CPI) de actuar con un «doble rasero».

«La Justicia Internacional tiene grandes vacíos y contradicciones, esto es evidente en las agresiones de Israel a Palestina desde sus inicios en 1948 hasta la actualidad», afirma el documento firmado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que tilda a la CPI de «instrumento de injerencia e intervención política en contra de países que luchan por el respeto a su soberanía y autodeterminación».

Según el régimen, el acuerdo tiene por objeto «proteger a sus ciudadanos garantizando sus derechos y libertades», frente a acusaciones que podrían derivarse de causas penales internacionales.

Las figuras protegidas por el acuerdo

El tratado consta de 19 artículos y se titula «Acuerdo entre la República de Nicaragua y la Federación de Rusia sobre la protección recíproca de los ciudadanos contra los abusos en el ámbito de la justicia internacional». Desde el artículo 1 establece que por «persona protegida» se entiende no solo a ciudadanos comunes, sino a funcionarios activos o retirados, incluyendo «personal militar activo o en retiro».

El artículo 6 especifica que gozan de inmunidad personal absoluta quienes ocupan los cargos de más alto rango:

«Por parte de la República de Nicaragua el Co-Presidente y la Co-Presidenta de la República de Nicaragua y el Ministro de Relaciones Exteriores».

El artículo 7 amplía esta protección con inmunidad funcional a funcionarios y exfuncionarios:

«Funcionarios nombrados por Acuerdo de la Presidencia de la República de Nicaragua, Funcionarios nombrados por la Asamblea Nacional, Alcaldes y Vicealcaldes», se lee en el texto firmado por Managua y Moscú.

Esto significa que incluso después de dejar el cargo, dichos individuos continuarían gozando de inmunidad por los actos cometidos durante su función oficial.

Rechazo de extradiciones y blindaje contra tribunales internacionales

El acuerdo obliga a Rusia y Nicaragua a negar cualquier solicitud de cooperación judicial, extradición o entrega de personas protegidas a un tercero, incluyendo la CPI. El artículo 3 dice textualmente que «Una Parte se negará a ejecutar una solicitud de una tercera parte con respecto a un funcionario activo o retirado de la otra Parte que goce de inmunidad».

En el artículo 10, ambas partes se comprometen a no reconocer la jurisdicción de cortes internacionales: «Las personas protegidas […] no podrán ser extraditadas o de otro modo transferidas a dicha corte o tribunal internacional sin observar las normas y procedimientos previstos en el presente Acuerdo».

Además, el tratado blinda contra lo que define como motivaciones políticas, religiosas o ideológicas. En el artículo 11 se afirma que las solicitudes que busquen cambiar «el orden constitucional», promover «actividades terroristas» o enjuiciar a personas por «medidas restrictivas unilaterales impuestas por una tercera parte» serán consideradas ilegítimas.

Un pacto con cláusulas de salida… pero con limitaciones

El artículo 19 del acuerdo señala que cualquiera de las partes puede denunciar el tratado y salirse con 180 días de anticipación. Sin embargo, aclara que esto no afectará solicitudes anteriores ni implicará renuncia de inmunidades. Es decir, incluso un gobierno democrático futuro no podría usar el tratado para anular de forma inmediata las protecciones otorgadas:

«La denuncia del presente Acuerdo […] no se considerará como la renuncia de la Parte denunciante a la inmunidad de sus funcionarios», señala el texto.

Esto podría generar un vacío jurídico si las nuevas autoridades nicaragüenses deciden cooperar con tribunales internacionales o procesar a quienes han perdido su cargo. Si bien la cláusula de denuncia abre la puerta para terminar el acuerdo, no está claro si Rusia mantendría el amparo a exfuncionarios en su territorio, lo cual dependería de su propia interpretación política.

Un blindaje para acusados de crímenes de lesa humanidad

Desde abril de 2018, más de una decena de altos funcionarios del régimen de Ortega y Murillo, incluidos jefes del Ejército, la Policía, ministros, jueces y alcaldes han sido señalados por organismos internacionales —como el GIEI y el Grupo de Expertos de la ONU— por su presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. Este tratado representa un intento de blindaje jurídico frente a posibles procesos por torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y otros delitos cometidos en el marco de la represión.

Además, los artículos 13 y 14 indican que, en caso de acusaciones graves, las partes se comprometen a hacer sus propias investigaciones, pero bajo su soberanía exclusiva. Esto podría significar que, frente a crímenes graves, Rusia y Nicaragua alegarán que tienen capacidad de juzgar internamente, sin recurrir a tribunales imparciales ni independientes.

¿Pacto de impunidad?

Este tratado no solo confirma la consolidación del eje autoritario entre Managua y Moscú, sino que busca garantizar impunidad a través de la codificación legal de inmunidades. Se firma en un contexto en que Rusia ha sido blanco de órdenes de arresto internacionales, como la emitida por la CPI contra Vladimir Putin por la deportación forzada de niños ucranianos, y en que Ortega enfrenta una creciente presión por su responsabilidad en crímenes sistemáticos contra la población civil.

A pesar del blindaje que el acuerdo pretende otorgar, un eventual gobierno democrático en Nicaragua podría denunciar el tratado y reactivar la cooperación con la justicia internacional, aunque sin efectos retroactivos. La aplicación práctica de este pacto dependerá del contexto político, la voluntad del Kremlin y la presión internacional que se ejerza sobre esos criminales, que podrían ser los mismos señalados por las instancias de Naciones Unidas como autores de graves delitos contra la humanidad.