Ortega concreta pacto con Rusia para blindarse ante la justicia internacional

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha concretado este viernes, 20 de junio de 2025, la firma de un controvertido acuerdo con la Federación de Rusia titulado oficialmente «Acuerdo sobre protección mutua de los ciudadanos contra abusos en el ámbito de la justicia internacional». La firma del documento fue anunciada por medios oficiales en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF-2025), en el que participó una delegación de funcionarios nicaragüenses encabezada por Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja dictatorial y asesor presidencial para asuntos con Rusia.

Aunque el texto íntegro del acuerdo no ha sido revelado, el régimen confirmó la firma y publicó las fotografías sin brindar ningún tipo de detalle sobre su contenido, alcance, implicaciones legales ni mecanismos de implementación. En la misma jornada, Nicaragua también firmó un segundo documento de cooperación entre la llamada Agencia de Industrias Creativas del Gobierno de Moscú y la Secretaría de Economía Creativa de la Presidencia, siempre representada por Laureano Ortega.

El convenio sobre «protección recíproca» había sido anticipado desde el 29 de mayo de 2025, cuando el régimen publicó en La Gaceta, Diario Oficial, el Acuerdo Presidencial No. 80-2025, mediante el cual se otorgaban plenos poderes a Laureano Facundo Ortega Murillo para firmar el tratado en nombre del Estado nicaragüense. La publicación se realizó en las ediciones número 96 y 97 de La Gaceta, y desde entonces, múltiples voces nacionales e internacionales habían advertido que este pacto era parte de una estrategia del régimen para blindarse ante potenciales acciones judiciales promovidas desde el ámbito internacional por crímenes de lesa humanidad.

El acuerdo fue interpretado desde un inicio como un instrumento para que tanto Nicaragua como Rusia puedan ofrecerse mutua protección y refugio ante eventuales órdenes de captura o procesos judiciales internacionales. Expertos consultados en ese entonces por Artículo 66, señalaron que, aunque el texto evita utilizar el término «asilo», en realidad establece una «protección territorial especial» para los funcionarios de ambos países señalados de violaciones graves a los derechos humanos o crímenes internacionales.

La figura, según el análisis legal recogido por este medio, busca otorgar un escudo geopolítico ante posibles mecanismos de rendición de cuentas, sin necesidad de recurrir al asilo político tradicional.

En su momento, el abogado Juan Diego Barberena explicó que el acuerdo representa una herramienta para asegurar la impunidad de represores nicaragüenses y rusos, para facilitar la evasión de mecanismos multilaterales que persiguen crímenes de lesa humanidad. Además, subrayó que el acuerdo podría ser una respuesta directa al informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU que documenta con nombre y apellido a decenas de altos funcionarios del régimen implicados en estos delitos, y que forman parte de una cadena de mando identificada en informes internacionales.

El defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión también valoró en su momento que el acuerdo representa un movimiento premeditado para garantizar impunidad ante la inminente caída del régimen, recordando que Nicaragua ya ha sido objeto de procesos judiciales internacionales, y que la propia Constitución nicaragüense reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Carrión recordó que Ortega y su círculo cercano son conscientes de que el tiempo de rendir cuentas llegará, ya sea mediante acciones internacionales como la que impulsa actualmente la justicia argentina, o por procesos en terceros países.

Por su parte, la activista y presidenta del Instituto de Liderazgo de las Segovias, Haydee Castillo, exiliada y desnacionalizada por el régimen, señaló que este tipo de acuerdos son una confesión tácita de culpa. Para Castillo, la firma de este convenio no hace más que reflejar el temor real de Ortega y Murillo ante un posible colapso del sistema de poder que han consolidado, agudizado además por factores como el deterioro en la salud del dictador, la falta de respaldo interno y el aislamiento internacional. «La justicia internacional les va a llegar», sentenció.

El exembajador ante la OEA, Arturo McFields, calificó este tratado como un intento desesperado de blindaje político y financiero. A su juicio, Ortega «nuevamente está anclando la suerte del país a lo que le suceda a una potencia extrarregional como Rusia», afirmó. Según McFields, la firma de este tipo de acuerdos sin resultados concretos refleja la debilidad del régimen, que busca sobrevivir en el plano simbólico mientras se desangra políticamente.

También el abogado y exdiputado Eliseo Núñez Morales analizó que el convenio forma parte de una red de alianzas entre países autoritarios, orientada a crear estructuras paralelas al orden jurídico y financiero internacional. Núñez advirtió que esta alianza entre Managua y Moscú representa un riesgo no solo para los nicaragüenses, sino para la seguridad del hemisferio occidental, y alertó sobre la subestimación que algunos actores internacionales hacen del impacto que puede tener esta red de protección mutua.

Finalmente, el politólogo y exprisionero político José Antonio Peraza interpretó la firma del acuerdo como una medida de huida anticipada. Afirmó que la familia Ortega-Murillo está seriamente preocupada por su futuro inmediato, temerosa de posibles escenarios como rebeliones internas, fracturas militares o una eventual transición. Para Peraza, este pacto no es más que una ruta de escape para quienes hoy están al frente de la maquinaria represiva del Estado nicaragüense. «Saben que, si hay una fractura o un colapso, necesitan tener a dónde correr», expresó.

A pesar de que Nicaragua no es signataria del Estatuto de Roma y por tanto no es parte de la Corte Penal Internacional, sí reconoce a la Corte Internacional de Justicia, lo que deja al régimen expuesto a demandas o fallos que puedan derivarse de su participación en crímenes internacionales. Actualmente, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU ha identificado al menos a 54 altos funcionarios nicaragüenses como presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad, entre ellos militares, jueces, policías y ministros.

La firma de este acuerdo con Rusia deja claro que la dictadura está desesperada por garantizar su supervivencia, anclada en alianzas autoritarias, que busca consolidar impunidad y blindaje ante la comunidad internacional. Sin embargo, como han advertido los defensores de derechos humanos y analistas políticos, ninguna firma podrá detener el avance de la justicia.