EE. UU. alerta que Nicaragua se ha convertido en un «punto de tránsito crítico» para el narcotráfico y anuncia el retiro de la DEA este año
El gobierno de Estados Unidos advirtió que Nicaragua se ha convertido en un «punto de tránsito crítico» para el narcotráfico internacional, debido a la corrupción generalizada, la falta de cooperación con agencias extranjeras y el control político ejercido sobre las instituciones de seguridad. La alerta forma parte del Informe de Estrategia de Control Internacional de Narcóticos 2025, que cerró su análisis en marzo por el Departamento de Estado.
Uno de los anuncios más graves del documento es que Estados Unidos pondrá fin a las operaciones de la DEA en Nicaragua este mismo año. La decisión, según Washington, se debe a la negativa del régimen de Daniel Ortega a cooperar con las autoridades antidrogas estadounidenses.
La DEA se retira
«Estados Unidos pondrá fin a sus operaciones de la DEA en Nicaragua en 2025, en parte debido a la falta de cooperación de las agencias nicaragüenses», señala el informe. La conclusión refleja un deterioro drástico en los vínculos bilaterales en materia de seguridad.
El documento sostiene que la reducción de asistencia técnica y financiera ha debilitado gravemente las capacidades de Nicaragua para enfrentar el crimen organizado, tanto en el ámbito terrestre como marítimo.
Policía y Ejército sometidos al control partidario
La falta de institucionalidad es una de las principales preocupaciones destacadas por el Departamento de Estado. En su análisis, advierte que las fuerzas de seguridad del país no actúan con independencia, sino bajo control político.
«La Policía Nacional de Nicaragua y el Ejército carecen de autonomía no partidista y siguen directrices del Poder Ejecutivo», se lee en el informe. Aunque Nicaragua cuenta con una fuerza de seguridad numéricamente importante, sus acciones están marcadas por intereses del régimen y no por criterios técnicos ni profesionales.
Esta situación, según Washington, obstaculiza seriamente los esfuerzos antidrogas y limita cualquier posibilidad de cooperación efectiva.
Nicaragua busca respaldo en Rusia, China y Venezuela
Ante el aislamiento internacional, el régimen de Ortega ha fortalecido sus vínculos con gobiernos autoritarios como Rusia, China y Venezuela. El informe señala que en 2024 se firmaron nuevos acuerdos de entrenamiento y cooperación con Moscú y Beijing.
Sin embargo, EE. UU. destaca que estos países no han aportado recursos materiales importantes para hacerle frente a la criminalidad transnacional. «A pesar de las sólidas alianzas políticas con Rusia y la República Popular China, estos países no han proporcionado asistencia material esencial —como vehículos y embarcaciones— para mejorar las capacidades de interdicción de Nicaragua».
También recuerda que el Centro de Entrenamiento del Ministerio del Interior ruso en Managua —donde se capacita a la Policía Nacional— fue sancionado por Estados Unidos en 2024 por su papel en la represión contra la sociedad civil.
Incautaciones sin capturas y sin datos verificables
El informe del Departamento de Estado igualmente cuestiona la transparencia del régimen y la efectividad de sus estrategias. Según medios locales citados en el documento, Nicaragua incautó 1,29 toneladas métricas de cocaína en los primeros nueve meses de 2024, frente a 1,43 toneladas en el mismo período del año anterior.
Las incautaciones de efectivo aumentaron a 2,1 millones de dólares, pero, al igual que en años anteriores, «la Policía Nacional no reportó ningún arresto». También se reportaron 1,98 toneladas de marihuana y la destrucción de 180.096 plantas de la misma hierba.
A pesar de estas cifras, el informe subraya que «la falta de datos fiables dificulta evaluar la efectividad» de la llamada «Estrategia de Muro de Contención». De hecho, en enero de 2024, autoridades rusas incautaron una tonelada de cocaína en un envío procedente de Nicaragua, lo que pone en entredicho los controles internos del país.
Sin datos sobre consumo ni atención a usuarios
El informe denuncia además que el gobierno no recopila ni divulga información confiable sobre el consumo de drogas. Esta opacidad impide evaluar la eficacia de las políticas públicas en materia de prevención y tratamiento.
«El gobierno ofrece servicios mínimos para personas con trastornos por consumo de sustancias», advierte el Departamento de Estado. Aunque existen centros de rehabilitación privados, la mayoría resultan inaccesibles por su costo elevado.
Desde 2018, el régimen ha clausurado más de 5.500 organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas dedicadas a la atención de personas afectadas por el consumo de drogas. Como consecuencia, quienes enfrentan adicciones tienen hoy menos posibilidades de recibir apoyo profesional o comunitario.
Corrupción «endémica» y alianzas con «actores malignos»
Estados Unidos no acusa al régimen de promover directamente el narcotráfico, pero sí señala que la corrupción en Nicaragua es un obstáculo serio en todos los niveles del Estado. «La corrupción endémica presenta desafíos en todos los niveles de gobierno», afirma el informe.
Además, denuncia que el régimen ha profundizado sus vínculos con «actores internacionales malignos», una referencia directa a gobiernos aliados con escaso compromiso con la legalidad o la cooperación internacional.
Desde 2017, Washington ha sancionado a 57 funcionarios nicaragüenses y a seis entidades por su participación en actividades ilícitas, incluyendo violaciones a los derechos humanos y corrupción.
Ortega reestructura el Estado para consolidar el poder
El informe concluye que la concentración de poder en manos del régimen ha erosionado cualquier vestigio de institucionalidad. «En 2024, el régimen autoritario de Nicaragua reestructuró entidades gubernamentales para ejercer un mayor control sobre la sociedad y reprimir la libertad de asociación y de expresión».
Según Estados Unidos, el restablecido Ministerio del Interior reproduce el modelo de represión de los años 80. «Las instituciones gubernamentales nicaragüenses carecen de autonomía y operan bajo edictos diseñados para proteger los intereses económicos y políticos del presidente Daniel Ortega y su familia», sostiene el informe.
En síntesis, Nicaragua ha dejado de ser un socio confiable en la lucha contra las drogas y se ha convertido, según Estados Unidos, en un país con serias deficiencias institucionales, sin transparencia, sin cooperación internacional y en condiciones cada vez más favorables para el crecimiento del crimen organizado.
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