Ortega «re-parcha» su Constitución de febrero de 2025: elimina la doble nacionalidad y establece pérdida de ciudadanía al adquirir otra

A menos de tres meses de haber publicado una nueva Constitución hecha a la medida de Rosario Murillo y del proyecto de sucesión dinástica del régimen, la dictadura de Daniel Ortega aprobó este jueves, 16 de mayo de 2025, una nueva reforma constitucional, esta vez modificando de radicalmente los artículos 23 y 25. La reforma fue avalada con 91 votos de la aplanadora sandinista en una sesión especial celebrada en Niquinohomo, al frente de la casa museo del general Augusto C. Sandino.

El nuevo texto —que se aprueba en primera legislatura y deberá ser ratificado en segunda legislatura en 2026 para quedar en vigencia— introduce cambios sustanciales sobre el régimen de nacionalidad, eliminando la posibilidad de la doble nacionalidad y estableciendo que la ciudadanía nicaragüense se pierde automáticamente al adquirir otra. Estos cambios contradicen frontalmente lo que la misma dictadura estableció en la Constitución publicada en la edición 32 de La Gaceta, Diario Oficial, el 18 de febrero de 2025.

En el caso del artículo 23, la versión impuesta en febrero señalaba que «las y los extranjeros pueden ser nacionalizados previa renuncia a su nacionalidad. Las y los centroamericanos de origen residentes en Nicaragua tienen derecho de optar a la nacionalidad nicaragüense sin renunciar a su nacionalidad. En los casos de doble nacionalidad se procede conforme los tratados y el principio de reciprocidad». Sin embargo, el nuevo texto aprobado por la Asamblea eliminó por completo la última oración, y ahora el artículo 23 dice: «Las y los extranjeros pueden ser nacionalizados previa renuncia a su nacionalidad originaria. Las y los centroamericanos de origen residentes en Nicaragua tienen derecho de optar a la nacionalidad nicaragüense sin renunciar a su nacionalidad». Es decir, se borra toda referencia al reconocimiento legal de la doble nacionalidad, lo que implica un retroceso significativo en materia de derechos ciudadanos y deja a la dictadura al margen de los tratados internacionales y de los principios de reciprocidad internacional en materia de doble nacionalidad.

Por su parte, el artículo 25 sufrió una modificación aún más grave. El texto vigente hasta ahora afirmaba: «La calidad de nacional no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad». Esa cláusula garantizaba que un nicaragüense que, por exilio o necesidad, obtuviera otra nacionalidad, no perdería su ciudadanía de origen. Pero con la nueva redacción aprobada por el oficialismo, el artículo 25 queda así: «La nacionalidad nicaragüense se perderá al momento de adquirir otra nacionalidad». El cambio es drástico, y revierte completamente el principio de protección a la nacionalidad, abriendo paso a un mecanismo que el régimen puede usar para justificar legalmente la desnacionalización de ciudadanos exiliados.

Estas modificaciones ocurren menos de 90 días después de que el régimen aprobara y publicara una nueva Constitución que transformó de fondo el modelo de Estado, estableciendo una copresidencia institucionalizada para Rosario Murillo, el uso de la bandera del Frente Sandinista como símbolo nacional y la supremacía total del Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado, los que califican ahora llanamente como «órganos».

Juristas y especialistas en derecho constitucional han advertido que se trató de una reforma total del Estado, camuflada bajo la figura de una «reforma parcial», en la que se impuso un nuevo diseño institucional adaptado a los intereses personales de la familia Ortega-Murillo. Con estas nuevas reformas a los artículos 23 y 25, la dictadura avanza en la eliminación de derechos básicos como el de conservar la nacionalidad de origen, especialmente para quienes se ven forzados a adquirir otra nacionalidad por razones de exilio o persecución.

Aunque el régimen alega que esta reforma fue aprobada en primera legislatura, como ordena el procedimiento constitucional, históricamente Ortega ha aplicado cambios incluso antes de cumplir con los requisitos legales formales, como lo hizo tras el despojo masivo de nacionalidades en 2023, cuando expulsó y desnacionalizó a más de 300 personas, incluidos 222 presos políticos, sin contar con una base jurídica válida.

Estas reformas no solo reafirman el poder absoluto del Ejecutivo, sino que consolidan un Estado policial, autoritario y cerrado, en el que el derecho a la nacionalidad —base de cualquier protección constitucional— puede ser eliminado con una simple decisión política.