A siete años del inicio de las protestas masivas que sacudieron Nicaragua en abril de 2018, el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) detalló la participación directa del Ejército sandinista para nutrir de armas de guerra a la Policía.
Según los abogados independiente, la institución militar suministró armamento de alto calibre a la Policía y a grupos armados de paramilitares para contener las manifestaciones. Las armas distribuidas incluyen fusiles RPK-74, AK-47 y rifles de francotirador Dragunov SVD, todos ellos de uso exclusivo militar.
El documento presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, resalta que «el Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que tanto la Policía como el Ejército facilitaron armas y material bélico para la represión». Esta colaboración entre dos instituciones clave del Estado contradice la narrativa oficial, que durante años ha sostenido que el Ejército se mantuvo al margen de los operativos policiales.
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El informe cita a una fuente que confirma que «hubo un momento en que el Ejército abasteció de armas a la Policía, porque se habría disminuido su arsenal al entregar armas a los grupos armados progubernamentales, con RPK-74 y el fusil AK-47». Este detalle sugiere una cadena de suministro estructurada para garantizar la continuidad de la represión, aún cuando los recursos policiales comenzaban a agotarse.
Estos intercambios se dieron en el marco de las protestas de 2018, cuando una reforma a la seguridad social detonó una ola de manifestaciones en todo el país. La ciudadanía, encabezada por estudiantes, jubilados y organizaciones civiles, salió a las calles en una manifestación que pronto se transformó en un movimiento nacional contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a la que exigían su dimisión.
La respuesta del Estado fue violenta y sistemática: más de 350 personas fueron asesinadas, miles resultaron heridas y cientos encarceladas, en lo que organismos internacionales han calificado como crímenes de lesa humanidad.
Ejército designó a los francotiradores para la represión
En este marco, el GHREN documenta que no solo se entregaron fusiles automáticos, sino también rifles de francotirador. «En cada batallón había un francotirador, perteneciente al Comando de Operaciones Especiales del Ejército, que son los únicos autorizados para utilizar este tipo de arma», indica el informe. Se trataba de rifles Dragunov SVD, armas de largo alcance diseñadas para uso en combate, cuyo despliegue fue autorizado directamente por el alto mando militar.
Otra parte importante del arsenal utilizado durante la represión provino de empresas de seguridad privadas, muchas de ellas propiedad de militares retirados y miembros del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional. El informe relata que «la Dirección de Operaciones Especiales Policiales llegó a las bodegas de dichas empresas y se llevó cerca de 1.000 escopetas Remington, Mossberg y Maverick 88». Esta acción se repitió con armerías comerciales que operaban bajo licencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
En algunas zonas rurales del país, las autoridades confiscaron armas de cacería a civiles. El GHREN notifica que «en algunas zonas del país hubo confiscación de armas de cacería accesibles a los civiles».
Uno de los aspectos más llamativos es la utilización de la bodega de Jiloá, bajo control del Comando de Operaciones Especiales del Ejército, como centro de distribución clandestina de armas. Allí, indica el GHREN, «se encontraban algunas armas que habían quedado también como remanente de los procesos de paz, durante el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro». Ese armamento incluía fusiles M-16, AK-47 de fabricación china y alemana, y otras armas provenientes de Vietnam. Todo este material bélico fue destinado a los grupos armados progubernamentales.
Además, el informe da cuenta de la existencia de depósitos clandestinos en instituciones públicas. «Algunas instituciones del Estado sirvieron como depósito de armamento que fue llevado por miembros de la policía y personas vestidos de civil». Una fuente entrevistada por el GHREN aseguró que «los AK’s eran transportados por personal de la policía y personas de civil, hasta la sede de su trabajo», y que los superiores les instruyeron a mantener esta operación en secreto.
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La sistematicidad del esquema, según el GHREN, no deja lugar a dudas: la entrega de armamento fue parte de una política de represión planificada desde las más altas esferas del poder. «Estas acciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad», alerta el informe, que recomienda la apertura de investigaciones penales internacionales contra altos mandos del Ejército, la Policía y autoridades civiles implicadas.
La entrega de armamento militar a fuerzas represivas internas refuerza la tesis de que lo ocurrido en 2018 no fue una reacción aislada, sino parte de un plan deliberado para aplastar a los manifestantes.
