El informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, presentado el 3 de abril ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, dejó al descubierto la participación directa del Ejército en la represión de las protestas sociales de 2018, en coordinación con la Policía Nacional y grupos armados progubernamentales.
A través de tácticas encubiertas, armamento militar y entrenamiento especializado, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo habría implicado a las Fuerzas Armadas en acciones que derivaron en ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad.
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El amplio documento, de 233 páginas, sostiene que «el mayor número de muertes registradas, en las que habrían participado miembros del Ejército, fueron consecuencia de patrones de represión de las manifestaciones, particularmente intensos y sistemáticos».
Estas acciones se concentraron en departamentos bajo jurisdicción de comandos militares específicos: Matagalpa y Jinotega (Sexto Comando), León y Chinandega (Segundo Comando), y Estelí, Madriz y Nueva Segovia (Primer Comando).
Según el Grupo de Expertos, los militares fueron desplegados en varias zonas del país, especialmente en aquellas «donde se registraba un mayor nivel de descontento social y donde las barricadas y bloqueos eran más resistentes».
En abril y mayo de 2018, algunos efectivos «fueron enviados a cursos de entrenamiento en técnicas de combate urbano», anticipando la llamada “Operación Limpieza”, en la que se habría instruido «el uso letal de la fuerza, incluyendo la instrucción de ejecutar a quienes se resistieran».
Disfrazados de paramilitares, policías y trabajadores del Estado
Una de las prácticas más reveladoras fue el uso de indumentaria para ocultar la identidad militar de los participantes. El informe detalla que miembros del Ejército actuaron «vistiendo ropa de civil, uniformes de la Policía o utilizando indumentaria de otras instituciones».
«Una fuente del Grupo de Expertos informó que, en Plaza del Sol, en el campo de beisbol, llegaban cadetes del Ejército provenientes de una escuela militar. Una vez allí, se cambiaban a ropa de civil o vestían camisetas con los logos de empresas estatales, tras lo cual la Policía les proporcionaba armas», destacan los abogados independientes.
Las armas que les proporcionaron salieron de la Dirección de Registro y Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados,
«algunas de ellas decomisadas al narcotráfico, mientras que otras carecían de registro o tenían el número de serie borrado».
En el esquema de opresión, también se emitieron identificaciones falsas y se distribuyeron uniformes a través de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia militar. En 2018, el personal del Ejército participó en actos de represión «empleando uniformes policiales y vistiéndose de civil para aparentar ser integrantes o de la policía o de grupos armados progubernamentales».
El informe incluye incluso fotografías en las que se observa a presuntos militares «usando uniforme policial y manejando armamento de uso exclusivo de las fuerzas militares como el RPG7».
El entrenamiento táctico fue otro de los elementos que delataron la participación del Ejército. «Se identificó la presencia de militares por la formación y por la táctica empleada», indica el documento. Testimonios recopilados por el Grupo describen maniobras como la formación “3 a 1” y la “formación en diamante”, propias del combate urbano militar. Una fuente explicó: «Así los identificamos: tenían el mismo uniforme que los antimotines. El TAPIR no camina encorvado… eso lo usa el Ejército».
La letalidad de las acciones también apunta a un despliegue militar. Las armas utilizadas —según el informe— incluían «fusiles de asalto AK-47, AK-74, Galil, M16 y Dragunov», así como ametralladoras PKM y lanzacohetes RPG, todas «diseñadas para conflictos armados» y con un nivel de precisión y potencia letal que «excede el adiestramiento habitual de las unidades policiales».
El Grupo concluye que «la información recopilada permite concluir que miembros del Ejército participaron en dichas acciones y que también tendrían responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en este contexto».
Fuerza Aérea, pieza clave de la «Operación Limpieza»
Además de las tropas en tierra, el informe apunta a la participación de la Fuerza Aérea. Después del 12 de junio de 2018, comenzaron a sobrevolar avionetas militares para «realizar misiones de reconocimiento y fotografías aéreas» como parte de la preparación de la ofensiva final de “Operación Limpieza”.
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Más grave aún, se documenta la violación explícita de los protocolos internos del Ejército. En situaciones de peligro, el uso de armas debía regirse por tres fases: advertencia, disparo disuasivo y disparo dirigido a las piernas. Sin embargo, en abril de 2018, «esta directriz no fue respetada». Se omitieron los pasos iniciales y «se permitió el uso de la fuerza letal con disparos dirigidos a la parte superior del cuerpo, incluyendo la cabeza».
El informe representa una prueba de la implicación del aparato represivo del régimen Ortega-Murillo y aporta evidencia clave sobre la participación del Ejército en crímenes graves.
Todos los grupos armados actuaron como una maquinaria de Estado articulada y letal, en la que los militares jugaron un papel central, aunque disfrazados.
