Un nuevo accidente en la minería artesanal de Nicaragua cobró la vida de un hombre y dejó a otro herido, exponiendo nuevamente la grave situación que enfrentan miles de personas que trabajan bajo condiciones precarias y sin ningún tipo de regulación en estas zonas de alto riesgo.
El siniestro ocurrió en la mina artesanal conocida como Minnesota, ubicada en la comunidad Mina de Hierro del municipio de Rosita, en el Caribe Norte del país. Según reportes de medios locales, la tragedia dejó como saldo la muerte de Manuel Mercado Pedro, de 35 años, originario del municipio de Waspam, Río Coco, mientras que su compañero, Ikunias Dixon Leman, de 78 años, resultó herido. Ambos se encontraban trabajando en la extracción de material mineral cuando un derrumbe de tierra los sorprendió.
Dictadura sandinista vuelve a ver para otro lado
La minería artesanal en Nicaragua ha provocado múltiples muertes en los últimos meses. En enero de este año, dos mineros fallecieron en un derrumbe en la comunidad El Vesubio, cerca de Bonanza, también en el Caribe Norte. De igual manera, en agosto de 2024, cuatro mineros artesanales murieron tras el colapso de tierra en la comunidad indígena Raití, en San José de Bocay, Jinotega.
Organizaciones ambientalistas y defensoras de derechos humanos han denunciado insistentemente que la minería artesanal, lejos de ser una actividad independiente de pequeños mineros, es usada como un mecanismo deliberado para facilitar la expansión de la minería industrial. Según la Fundación del Río, esta práctica se ha convertido en un instrumento de colonización y despojo de tierras indígenas, permitiendo que empresas extractivistas y el régimen nicaragüense establezcan presencia en territorios protegidos y reservas naturales.
Punta de lanza de la apropiación de tierras
Fundación del Río ha insistido en que la minería artesanal se ha convertido en la punta de lanza para la invasión y apropiación de tierras en Nicaragua, especialmente en áreas de difícil acceso donde habitan comunidades indígenas y campesinas que, históricamente, se han opuesto a este tipo de proyectos extractivistas.
Bajo el pretexto de ser una actividad independiente, la minería artesanal es permitida y hasta fomentada por el régimen como un mecanismo de penetración territorial que luego facilita el establecimiento de operaciones mineras a gran escala. De hecho, las concesiones mineras ya abarcan aproximadamente el 23% del territorio nicaragüense, muchas de ellas en zonas habitadas por pueblos indígenas o ubicadas en áreas naturales protegidas.
Sin regulación ni protección
La falta de regulación efectiva de la minería artesanal, la ausencia de medidas de seguridad adecuadas y la permisividad gubernamental para la invasión de territorios protegidos han convertido a esta actividad en una crisis humanitaria y ambiental de proporciones alarmantes.
Hasta el momento, no se ha conocido ningún pronunciamiento oficial por parte del régimen de Daniel Ortega respecto a la reciente tragedia en Rosita. Mientras tanto, las organizaciones ambientalistas y defensoras de derechos indígenas insisten en que se deben tomar medidas urgentes para frenar esta práctica depredadora que no solo pone en riesgo la vida de quienes realizan esta actividad sino que también afecta gravemente los ecosistemas y vulnera los derechos de las comunidades locales.
