Nicaragua se ubica entre los 55 países países del mundo en el que se restringe la libertad de movimiento para castigar, coaccionar o controlar a quienes consideran amenazas u opositores políticos, según el último informe realizado por la organización estadounidense Freedom House. Otros países que se encuentran en la lista son Corea del Norte y China.
Según la investigación, entre las tácticas utilizadas por los regímenes en la lista, incluyendo al de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, figuran:
- Revocación de la ciudadanía
- El control de documentos como el pasaporte
- La negación de servicios consulares
- La imposición de prohibiciones de viaje.
Para las investigadoras de Freedom House Amy Slipowitz, Jessica White y Yana Gorokhovskaia, las restricciones a la libertad de movimiento pueden ser una forma menos visible de control autoritario. Además, que son impuestas de manera arbitraria y de manera no oficial, por lo que es difícil utilizar las mismas leyes para impugnarlas.
«A menudo (estos actos) son informales o impuestos de manera arbitraria, dejando a los afectados sin medios efectivos para impugnarlas. Además, estas restricciones suelen combinarse con otras formas de represión, como la confiscación de bienes, campañas de difamación y cargos penales falsos», sostiene Freedom House.
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En el caso de Nicaragua, el gobierno también ha ordenado la «prisión domiciliar o casa por cárcel» como método preventivo en algunos casos, mayormente relacionada con opositores de la tercera edad, de alguna índole religiosa o del círculo cercano a la dictadura. El régimen ha creado un patrón de secuencia, por lo que luego del secuestro, ordena el destierro, la desnacionalización e incautación de bienes muebles e inmuebles.
«Las restricciones también se combinan con frecuencia con otras formas de represión, como la confiscación de bienes, las campañas de desprestigio y las acusaciones penales falsas», dice el organismo internacional. Sobre las acusaciones, la dictadura en Nicaragua ha oficializado a través de reformas al Código Penal delitos como «traición a la patria», «ciberdelitos» y «menoscabo a la soberanía nacional», entre otros.
Cientos de opositores también fueron encarcelados de manera arbitraria e ilegal acusados falsamente de delitos comunes como tráfico de drogas, lesiones agravadas y daños a la propiedad en clara violación a sus derechos humanos fundamentales. Tampoco se realizaron juicios abiertos y transparentes, por lo que es clara la intención del régimen de encausar penalmente y fabricar delitos a quienes critican al oficialismo.
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El informe revela que sumado al daño psicológico, estos ciudadanos son obligados a una separación familiar, la incapacidad de acceder a oportunidades educativas o profesionales, por lo que son orillados a dejar la crítica por el miedo a que la dictadura tome medidas contra sus familiares que quedan dentro del país.
El estudio de Freedom House entrevistó a 31 personas, entre ellos periodistas, activistas de derechos humanos y exprisioneros políticos nicaragüenses que sufrieron la represión de los Ortega–Murillo en el país. Según el estudio, estos gobiernos autoritarios seguirán haciendo uso del control de movilidad como una arma hasta que bajen los niveles de migración en los países afectados.
«Hay motivos para esperar que, a medida que la migración continúa aumentando a nivel mundial, las restricciones a la libertad de movimiento se convertirán en una herramienta cada vez más poderosa que los autoritarios utilizan para reprimir la disidencia dentro y fuera del país», dice el texto. Freedom House, en su informe, llama a los países democráticos a continuar denunciando estas violaciones de derechos humanos.
