Freedom House ubica a Nicaragua como un país con «libertades mutiladas»

El informe publicado esta nueve de marzo por Freedom House ubica por quinto año consecutivo a Nicaragua como un país con libertades mutiladas bajo el recrudecimiento de la represión impuesta por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

«En Nicaragua, años de recrudecimiento de la represión contra la oposición al régimen del presidente Daniel Ortega culminaron en juicios de espectáculo a decenas de personas, acusadas de delitos que van desde la traición hasta la difusión de noticias falsas y socavar la integridad nacional, basado casi únicamente en la evidencia de que hicieron comentarios críticos sobre el Gobierno, tales casos claramente desalientan a otros a hablar», refiere el informe de la organización estadounidense.

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Freedom House también destaca la detención y condena en contra del administrador apostólico de la Diócesis Estelí, monseñor Rolando Álvarez, en agosto del año pasado, el arresto de otros clérigos y trabajadores de su curia constituye un crimen de parte de la dictadura.

Monseñor Álvarez se negó a ser parte del grupo de presos políticos liberados y enviados a Estados Unidos por el régimen de Daniel Ortega. Desde su violenta captura, el 19 de agosto de 2021, el obispo Álvarez permaneció en la vivienda de su familia en Managua y actualmente se presume que se encuentra en el sistema penitenciario «La Modelo», en Tipitapa.

Asimismo, señalan que las cuestionadas elecciones municipales del año pasado y la expulsión en julio de 2022 sw los gobiernos locales de cinco alcaldías opositoras «cercena la democracia» en Nicaragua. El documento también ubica a Nicaragua entre los países sin libertad a nivel mundial.

El régimen orteguista desterró en febrero pasado a 222 presos políticos, además de arrebatarles la nacionalidad y despojarlos de sus bienes dentro del país. Lo mismo para otros 94 ciudadanos declarados apátridas, entre los que se encuentran activistas, defensores de derechos humanos, religiosos y periodistas.

Organizaciones internacionales han denunciado esta acción de parte de la dictadura, refiriendo que, la nacionalidad constituye un derecho inderogable y su privación arbitraria en este caso es una grave violación de los derechos humanos a nivel internacional.