Opositores y miembros de la sociedad civil de Nicaragua participaron este 16 de enero en una audiencia pública realizada en la Sala de Audiencias de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos. Este evento se llevó a cabo como parte de la investigación iniciada el 10 de enero pasado por la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), que revisa los «actos, políticas y prácticas de Nicaragua relacionados con los derechos laborales, los derechos humanos y el estado de derecho», los cuales podrían afectar las relaciones comerciales con ese país.
La USTR explicó que esta investigación se realiza bajo la «Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, enmendada» y es la primera en su tipo. Según la oficina, «a Estados Unidos le preocupa que Nicaragua esté participando en ataques represivos y persistentes contra los derechos laborales, humanos y el Estado de Derecho».
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La Concertación Democrática Nicaragüense – Monteverde (CDN), a través de un comunicado, informó que dos de sus integrantes de su directorio político participaron de esa audiencia, entre estos Rosalía Miller y Juan Sebastián Chamorro, con el fin de dejar en evidencia la represión de la que son víctimas los nicaragüenses por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y cómo esto también afecta las relaciones comerciales con Estados Unidos.
Según esa agrupación política, en esta primera parte de la investigación, la USTR recibió 148 denuncias escritas.
«Nosotros aprovechamos cada oportunidad como esta para sentar nuestra posición sobre la urgente necesidad de restaurar la institucionalidad democrática en Nicaragua, pues sin ella no hay posibilidades de inversiones sanas que generen empleos estables. Bajo el modelo actual, el Estado de derecho es sustituido por el favor y la coima, esto imposibilita la relación comercial en condiciones de equidad para cualquiera que tenga empresas en Nicaragua o realice transacciones comerciales con el país», afirmó el secretario ejecutivo de la CDN, Eliseo Núñez Morales.
Abusos contra inversionistas
El excarcelado y desterrado político Juan Sebastián Chamorro, quien frente a la Comisión testificó cómo en los últimos años ha sido víctima del régimen sandinista, la violación de cada una de sus derechos, además del robo de sus propiedades, que evidencian la erosión y destrucción del Estado de derecho en Nicaragua.
Chamorro mencionó como parte de la erosión del Estado de Derecho y democracia en Nicaragua las recientes reformas a la Constitución Política de Nicaragua impulsadas por Ortega, la vulneración de derechos laborales, desmantelamiento de sindicatos independientes, listas negras para despidos injustos, ausencia de recursos legales, quejas empresariales por presiones fiscales, extorsión, multas exageradas, constantes auditorías fiscales, entre otros problemas que sufren quienes invierten en el país.
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«Miembros del panel, para que el comercio prospere y la inversión florezca, cualquier economía requiere cinco condiciones básicas: derechos de propiedad, estado de derecho, políticas fiscales sólidas, derechos laborales y derecho de los empresarios a asociarse. Ninguna de estas condiciones existe en Nicaragua. Los inversores se enfrentan a la confiscación, los tribunales son armas de represión, los impuestos sirven de extorsión, se violan los derechos laborales y se niega a los
empresarios el derecho a organizarse», denunció Chamorro ante la USTR.
Además, resaltó que aunque muchas son las víctimas de todo lo que mencionó la mayoría de los inversionistas callan por miedo. «Hoy escuchan a víctimas de abusos que lo han perdido todo. Hablamos en nombre de quienes tienen miedo de alzar la voz porque podrían ser encarcelados o desterrados, consecuencias que hemos sufrido personalmente», finalizó el también excandidato presidencial que fue desterrado por el orteguismo junto a otros 221 nicaragüenses en febrero de 2023.
Minería y ganadería ilegal en territorios indígenas
El centro de pensamiento Expediente Abierto, Fundación del Río y Campaña de Partrullaje (Patrol), parte de la sociedad civil de Nicaragua, presentaron en conjunto un informe ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, en el que incluyeron «pruebas» y el «impacto» de la minería y ganadería ilegal en territorios indígenas y «graves violaciones a derechos laborales vinculados con la represión política en Nicaragua».
Julio Martínez, director de programas de Expediente Abierto, compartió con la Comisión los hallazgos de la investigación «Violaciones de derechos humanos en Nicaragua y su impacto en el comercio internacional: Enfoque en las industrias minera y de carne, y en los derechos laborales a nivel nacional».
El documento revela que más del 32% de las exportaciones de oro de Nicaragua provienen de la minería ilegal, lo cual, a juicio de estas organizaciones refuerza con datos de Fundación del Río, que documentó desde 2016, «la existencia de más de 100 molinos y al menos tres sitios de minería ilegal en la Reserva Indio Maíz, un área de alto valor ecológico y cultural».
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Martínez sostuvo que «se están sacrificando los derechos humanos de las personas más vulnerables del país en beneficio de entidades del sector minero alineadas» con el régimen nicaragüense.
El ambientalista Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, recordó que «el mayor comprador de oro y carne es Estados Unidos y eso tiene relevancia porque el oro que se está extrayendo viene de concesiones que están dentro de áreas protegidas y territorios indígenas».
Los representantes de estas organizaciones instaron a los actores internacionales «a garantizar que sus operaciones comerciales no contribuyan a la destrucción ambiental ni al enriquecimiento de aliados del régimen Ortega-Murillo»
En este proceso investigativo, según la CDN, posterior a las deliberaciones iniciales incluirá la presentación de recomendaciones finales de la Comisión y tomará varios meses. El presidente Donald Trump, calculan los opositores, estaría recibiendo el informe de la Comisión en el segundo semestre de este año.
