La Concertación Democrática Nicaragüense-Monteverde, la Gran Confederación Opositora Nicaragüense (GCON), la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE) y Renacer Nicaragua (RN), en diferentes conferencias de prensa virtuales que ofrecieron este lunes, rechazaron la aprobación de las reformas constitucionales, enviadas por el dictador Daniel Ortega a la Asamblea Nacional, y calificaron dichas enmiendas como un «retroceso histórico», «de corte totalitario» y que «no representan la voluntad popular».
La Asamblea Nacional aprobó el año pasado, en primera legislatura, las reformas a la Constitución Política de Nicaragua, que incluyen adiciones a 130 artículos y la derogación de otros 38, y cumplen el sueño de Rosario Murillo, actual vicepresidenta de Nicaragua, al convertirla en «Co-presidenta», de compartir el cargo con su marido, el dictador Ortega.
En lo que resta de este mes de enero, según el anuncio que hizo este lunes el orteguista Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, se aprobará paulatinamente la reforma constitucional en segunda legislatura, iniciando este 14 de enero con los primeros dos artículos.
La nueva carta magna, indicaron los opositores de la Concertación Democrática Nicaragüense-Monteverde, «no expresa la voluntad popular porque el régimen nos negó a los nicaragüenses el derecho a participar en la redacción de esta a través de la consulta ciudadana y en su mitificación a través del voto en un referéndum habilitante».
Además, señalaron que ambas falencias se «agravan porque tanto el Poder Ejecutivo, que redactó la reforma, como los diputados que la aprobaron fueron electos en un proceso, que la Organización de Estados Americanos calificó de ilegítimo».
«Es ilegal, inconstitucional, y nula de toda nulidad. Esta Constitución rompe con el modelo republicano democrático, suprime el apego al Estado de Derecho, el respeto a la dignidad humana, la preeminencia de los derechos humanos, concentra y subordina los antiguos poderes del Estado a la Presidencia de la República, concentra el poder en la familia Ortega Murillo, y le asegura su sucesión dinástica», apuntó la organización opositora.
El régimen sandinista, con estos cambios, a juicio de los opositores, también busca «legitimar y fortalecer su modelo represivo, sistemático y generalizado en relación a los derechos humanos, mediante el control absoluto de las fuerzas armadas y de los órganos del estado».
Las agrupaciones opositoras GCON, PUDE y RN, en un pronunciamiento que realizaron de forma conjunta, señalaron que la reforma constitucional, además de ser un retroceso histórico en el ámbito jurídico, «constituye una imposición» que «elimina el Estado de Derecho, anula los derechos fundamentales y consuma la muerte de la República de Nicaragua».
También, denunciaron que los cambios ordenados por el régimen orteguista «terminan por implementar lo que ya hacían de facto, un control absoluto del sistema electoral, consolidando un sistema de partido único, que impone sus símbolos partidarios como nacionales, y controla cualquier fracción de la Asamblea Nacional».
«La reforma extingue cualquier vestigio de institucionalidad previa, reforzando los cimientos de un Estado de Derecho con un régimen totalitario que concentra el poder en el Ejecutivo, eliminando la separación de poderes y subordinando al Estado a los intereses de una sola familia», apuntaron las agrupaciones opositoras.
Opositores abogan por más presión y resistencia
Las agrupaciones opositoras, integradas por analistas polìticos, lìderes campesinos y estudiantiles, excarcelados y desnacionalizados políticos del régimen sandinista, ante dicha serie de atropechos a la carta magna de Nicaragua, dijeron estar comprometidos a «continuar luchando junto a las y los nicaragüense que están dentro o fuera del país para incrementar la resistencia y la presión hasta debilitar los pilares que sostienen a la dictadura e impulsar la transición democrática que provoque el cambio de régimen».
La Concertación Democrática Nicaragüense-Monteverde refirió que en Nicaragua, ante estos cambios que implementa el régimen Ortega-Murillo, será urgente que se convoque a elecciones democráticas, «en un proceso libre, transparente y observado por la comunidad internacional, para elegir una Asamblea Nacional constituyente con la participación de todas las fuerzas políticas, que le devuelvan a los nicaragüenses su derecho a la autodeterminación, que redacte una nueva constitución a través de una amplia consulta ciudadana, que se someterá a un referéndum para respetar la voluntad popular.
GCON, PUDE y Renacer Nicaragua además abogaron a la comunidad internacional que adopte «medidas contundentes frente a este régimen» sandista e instaron a «los gobiernos democráticos y organismos internacionales a implementar sanciones efectivas, suspender cualquier relación económica que beneficie al régimen y fortalecer los mecanismos de apoyo humanitario y legal para las víctimas de la represión».
«La presión internacional es crucial para denunciar esta violación flagrante de los derechos humanos y exigir el restablecimiento del Estado de Derecho en Nicaragua. El pueblo nicaragüense tiene derecho a soñar con un futuro de libertad y justicia, y la comunidad internacional tiene el deber moral de acompañar esta lucha», destacaron los opositores en su pronunciamiento.
