El dictador Daniel Ortega nombró por seis años más como director de la Policía Nacional a su consuegro, el comisionado general Francisco Díaz Madriz.
De esta forma, el emparentado de la familia dictatorial suma ya 2 períodos consecutivos en el cargo, luego de suceder a la comisionada general Aminta Granera a mediados de 2018.
Mediante el Acuerdo Presidencial 206-2024, publicado en la Gaceta, Diario Oficial de este viernes, 27 de diciembre, el caudillo sandinista resuelve «nombrar al primer comisionado Francisco Javier Díaz Madriz, director general de la Policía Nacional, a partir del veinticinco de febrero del año dos mil veinticinco, quién quedará en posesión de su cargo a partir de esa fecha».
La extensión de Díaz llega tras la reciente reforma a la Ley de la Policía que amplía a seis años el periodo del jefe policial, aunque el acuerdo presidencial no lo especifica.
Díaz Madriz, quien hasta la llegada de Ortega al poder en 2007 no estaba en la línea de sucesión de mando de la Policía, tuvo la suerte que su hija Blanca Díaz se casara con Maurice Ortega Murillo, uno de los hijos de los tiranos. Desde el 10 de enero de 2012 emparentaron las familias y eso fue la bendición para que Díaz escalara tan rápido dentro de la institución.
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De esa forma, el policía que apenas era comisionado en 2007, fue promovido y ascendido de manera sucesiva hasta colocarlo a la orilla de la dirección general de la institución.
En 2018, en plena escalada represiva contra las manifestaciones populares, Ortega finalmente nombró a su consuegro como director general, apartando a Aminta Granera.
En noviembre pasado, el dictador impulsó una reforma total, disfrazada de parcial, a la Constitución Política de Nicaragua en la que, entre otros puntos, extiende el periodo presidencial a seis años y establece que el Ejecutivo, que pasará a llamarse Presidencia, será compartida por una copresidenta y un copresidente.
El pasado 21 de diciembre, Ortega también ratificó por seis años más en el cargo al comandante en jefe del Ejército, general de ejército Julio César Avilés, quien es señalado de destruir el proceso de profesionalización que desarrollaba la institución castrense desde 1990.
La misma reforma señala que tanto el Ejército como la Policía se subordinan directamente a la Presidencia de la República, entiéndase Ortega y Murillo.
