Ortega mantiene bajo cárcel a 25 sandinistas «castigados» por traición

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha detenido al menos a 25 sandinistas destacados y trabajadores del Estado a los que la dictadura «castiga» por falta de lealtad al partido o a Murillo; sin embargo, de esta lista pocos nombres son revelados, pues la dictadura mantiene bajo amenaza a sus familiares, así lo dio a conocer el último informe de Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. 

Para el Mecanismo, este es un claro reflejo de que dictadura está aumentando la persecución dentro de sus mismas filas «realizando detenciones arbitrarias sin fundamentos legales, procesos judiciales manipulados y desapariciones forzadas, afectando no solo a las víctimas directas, sino también a sus familias».

En el caso de los simpatizantes sandinistas o trabajadores del Estado el régimen, como parte del «castigo», niega toda información sobre los detenidos por lo que crea una incertidumbre a los familiares. Este tipo de represión que también va a acompañada de purgas y medidas laborales coercitivas están destinadas a infundir el terror dentro del aparato estatal.

Hijo de Carlos Fonseca, uno de los principales castigados

Uno de los casos que resalta el informe es el de Carlos Fonseca Terán, el hijo del fundador del partido FSLN, Carlos Fonseca Amador, detenido e por el caso «La Comuna» nombre de un grupo de Whatsapp, coordinado por Fonseca Terán, y del que varios trabajadores sandinistas eran miembros. Fonseca Terán fue detenido por el régimen junto a otros diez aliados y durante más de tres meses la dictadura mantiene a sus familiares completamente aislados, sin saber de las condiciones carcelarias de los imputados.

Fonseca Terán y su esposa, la exmagistrada del Tribunal Laboral, Arlen Cuadra, fueron despedidos de sus cargos dentro del Estado y asilados en su residencia, decomisando cualquier tipo de dispositivo de comunicación como celulares, computadoras, etc. y bajo la modalidad de «casa por cárcel» sin oficializar la detención y bajo amenazas de la Fiscalía orteguista.

Gustavo Antonio Zapata; Alejandro José Taleno Rueda; Ernesto Rafael Paredes Pérez; Cristian Eduardo Bermúdez Roque; José Antonio Bermúdez Sobalvarro; Isaías Alejandro Bonilla Chamorro, Frank Eduardo Matus Rodríguez, y Rigoberto José Ramo, todos miembros del grupo de Fonseca Terán no corrieron con la misma suerte pues la dictadura los encarceló y acusó de «delitos de fraude, malversación de caudales públicos».

Otro caso relevante de persecución dentro del sandinismo es el de Steadman Fagoth, un exdiputado y dirigente
costeño detenido arbitrariamente en agosto de 2024 que pese a tener conexiones fuertes dentro de la dictadura fue «castigado» por no alinearse a las ordenes dictadas por la pareja presidencial.

«Fagoth ha sido sometido a condiciones de detención que violan las normas internacionales de derechos humanos, incluyendo el acceso limitado a su defensa y la ausencia de información clara sobre las acusaciones en su contra», dice el informe.

Para el Mecanismo, la persecución interna contra los trabajadores públicos y funcionarios evidencia un patrón sistemático de represión que no solo busca castigar a quienes consideran opositores, sino enviar un mensaje claro de que cualquier acto de disidencia, real o percibido, será «castigado» de manera severa, además representa un retroceso en los derechos laborales con los que ya contaba Nicaragua.

Aún quedan 40 presos políticos

El mecanismo denuncia la detención de 45 presos políticos (39 hombres y 6 mujeres) hasta el cierre del informe, el 13 de diciembre. Las detenciones arbitrarias realizadas por el régimen ocurrieron en 14 departamentos del país desde el 22 de noviembre hasta el 6 de diciembre.

El organismo también denuncia los secuestros orquestados por la policía sandinista con uso de violencia afectando incluso a menores de edad presentes durante los operativos, este es el caso del hijo del empresario Henry Briceño, a quien luego de su detención, su familia fue desterrada del país en horas de la noche.

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El informe destaca un listado de nueve personas que se encuentran desparecidas: Brooklyn Rivera Bryan, Víctor Boitano Coleman, Eveling Hernández, Fabiola del Carmen Tercero Castro, Lesbia Gutiérrez Poveda, Carmen María Saénz Martínez, Leo Catalino Cárcamo Herrera, Julio Antonio Quintana Carvajal, Fabio Alberto Cáceres Larios.

Además el organismo denuncia el ultimátum ´hecho a las pocas monjas que quedan en el país para abandonar Nicaragua antes del 31 de diciembre. «Esta medida implicó no solo su exilio, sino también la confiscación de propiedades de las congregaciones y la cancelación de organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica».