«Las sanciones siguen vigentes. Mantenemos el seguimiento a toda acción que busque evadirlas y responderemos como corresponde», dice funcionario del Departamento de Estado

Un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos respondió a una consulta que le hizo Artículo 66 sobre las últimas medidas de la dictadura de Daniel Ortega, que pretende obligar a las instituciones financieras nicaragüenses a evadir las restricciones impuestas a personajes del gobierno sandinista que han sido designados por el Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

El funcionario dijo, a condición de no mencionarlo directamente hasta que la entidad no emita una comunicación oficial, que Estados Unidos conoce de la larga lista de reformas legales que ha impulsado Daniel Ortega y Rosario Murillo, y que las mismas son la evidencia de que en Managua está en curso la consolidación y concentración absoluta del poder en el Ejecutivo.

Valoró que la concentración de poder en el Ejecutivo y la extensión de los periodos de los jefes del Ejército y la Policía, sumado al intento de crear vías para evadir las sanciones que le ha impuesto Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea terminarán por aislar más a Nicaragua.

La fuente fue categórica en afirmar a este medio de comunicación que las sanciones de Estados Unidos y las restricciones de visas a los operadores represivos de la dictadura de Nicaragua siguen vigentes y enfatizó que las han aplicado basados en el derecho internacional, en respuesta a los argumentos de los voceros del régimen sandinista y otros regímenes autocráticos, que las califican como «agresiones unilaterales».

Ante la consulta directa de si Estados Unidos podría permitir que los bancos nacionales se salten la prohibición internacional, amparados en una reforma a la normativa de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), en la que le ordena a la banca local prácticamente ceñirse solo a restringir el acceso al sistema bancario a personas «designadas en listas» únicamente si enfrentan acusaciones de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. El funcionario se limitó a decir que ese país sigue utilizando las herramientas económicas y diplomáticas para promover la rendición de cuentas de quienes apoyan la represión e impiden que Nicaragua retome el camino de la democracia.

Insistió en que Washington «mantendrá seguimiento a toda acción que busque evadir las sanciones y responderemos como corresponde»

Desde abril de 2018, el Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones financieras selectivas contra 51 personas y 11 entidades en Nicaragua. El Departamento de Estado, asimismo, anunció medidas para imponer restricciones de visado a más de 1,750 personas. Estas medidas selectivas se enfocan en entidades e individuos que apoyan y facilitan la represión del régimen Ortega-Murillo.

Entre los sancionados figuran diputados del Parlamento, controlados en su totalidad por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Además, han designado a jefes de la Policía, jefes del Ejército, ministros, secretarios políticos del FSLN, asesores presidenciales, alcaldes, magistrados judiciales y electorales, a la propia Murillo y cuatro de sus hijos.