La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el pasado 25 de noviembre medidas cautelares a favor de Reinaldo Picado Miranda, el opositor nicaragüense que se encuentra en prisión en Costa Rica.
El organismo, además, solicita al gobierno de Rodrigo Chaves que no extradite a Picado a Nicaragua. En caso de hacerlo, Picado enfrentaría un alto riesgo de sufrir tortura y otras violaciones graves a sus derechos humanos. La CIDH recuerda que en Managua el ciudadano enfrenta cargos políticos y que en el país hay un creciente aumento de la represión bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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Según el comunicado de la CIDH, Picado se encuentra en una «situación de gravedad y urgencia», ya que sus derechos a la vida y a la integridad personal están en riesgo de «daño irreparable» si es deportado. Actualmente en Costa Rica, Picado solicitó refugio, y su caso está siendo evaluado por el Tribunal Administrativo Migratorio.
Este temor a la extradición ocurre en un momento crítico, marcado por el endurecimiento de la represión política en Nicaragua, donde los opositores a Ortega son sistemáticamente perseguidos, detenidos y sometidos a condiciones de tortura. La CIDH señaló que «existen indicios consistentes con el contexto de grave violación de derechos humanos en Nicaragua» que exigen una valoración exhaustiva del riesgo que Picado enfrentaría si es deportado.
A través de su resolución, la CIDH subraya la importancia del principio de no devolución, que prohíbe la deportación de personas a países donde podrían ser objeto de persecución, tortura u otras violaciones graves. En ese sentido, la Comisión solicitó al Estado de Costa Rica que adopte «las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal del señor Picado Miranda», lo que incluye la suspensión de su extradición hasta que se valore adecuadamente el riesgo que enfrenta en Nicaragua.
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La CIDH también mencionó el caso de Douglas Gamaliel, otro nicaragüense que sufrió graves violaciones de derechos humanos tras ser extraditado a Nicaragua, lo que refuerza la necesidad de una evaluación exhaustiva y cautelosa de los casos de oposición política.
Llamado a Costa Rica
Pese a que la CIDH no tiene competencia directa para decidir sobre la concesión de refugio o protección internacional, hizo un llamado a que las autoridades costarricenses aseguren que la extradición no ocurra sin una debida valoración de los riesgos para la vida e integridad de los solicitantes, de acuerdo con los estándares internacionales aplicables.
La decisión de la CIDH resalta la gravedad de la situación en Nicaragua y el deber de los países de la región de proteger a aquellos que huyen de un contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos. En este sentido, Costa Rica, país que históricamente ha acogido a miles de nicaragüenses, enfrenta el desafío de equilibrar sus obligaciones internacionales con las solicitudes de extradición provenientes de un régimen profundamente cuestionado por su deriva autoritaria.
Las autoridades migratorias costarricenses han denegado, en primera instancia, la solicitud de refugio a Picado Miranda desde 2023, lo que cual el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) considera como «sumamente grave», pues pone al opositor nicaragüense en una alta posibilidad de ser extraditado, tal como ya ocurrió con Douglas Gamaliel Álvarez Morales, a quien lo acusan de los mismos delitos y que ya está en manos de la dictadura Ortega-Murillo.
Sobre Picado Miranda pende una orden de extradición hacia Nicaragua, dictada por el Tribunal de Juicio de Puntarenas, instancia que también ordenó la extradición, ya ejecutada, de Douglas Gamaliel Álvarez Morales.
A medida que aumentan los casos de migrantes y opositores nicaragüenses que huyen de la represión, las medidas cautelares de la CIDH subrayan la necesidad de actuar con cautela y respetar los principios internacionales que protegen a los refugiados y solicitantes de asilo de la violencia estatal.
