Demandan a la CIDH medidas cautelares para campesinos opositores extraditados de Costa Rica a Nicaragua

El Movimiento Campesino de Nicaragua solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para dos opositores políticos que fueron solicitados por la dictadura de Nicaragua a Costa Rica y que, según el comunicado, ya han sido objeto de extradición.
El líder campesino Medardo Mairena, que fue forzado al exilio, afirma que con la ayuda de abogados internacionales realizaron la petición a la CIDH para proteger la integridad física de Reinaldo Picado Miranda y Douglas Gamaliel Pérez Centeno, esto por la falta de protección del Gobierno de Costa Rica a dichos nicaragüenses que, de acuerdo con el documento, ya habían solicitado asilo.
Douglas Gamaliel Álvarez Morales es acusado por la dictadura sandinista de ser el coautor de la muerte de una oficial y un civil en Nicaragua durante las protestas del 2018. A pesar de que Álvarez ya había solicitado refugio. Las autoridades de Costa Rica lo extraditaron en febrero pasado.
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El Movimiento acusa a Costa Rica de no valorar la grave situación de la violación sistemática de los derechos humanos en Nicaragua y la reiterada comisión de delitos de lesa humanidad. Además, afirma que no se valoró la persecución por motivos políticos de Picado y Pérez a pesar de que ha sido fundamentado con abundantes pruebas documentales.
El documento asegura que ambos fueron detenidos de forma arbitraria a solicitud de la Policía sandinista y hasta la fecha no se les ha permitido verlos y temen por su integridad física. «Estos hechos constituyen en violaciones a las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como son: el derecho a la integridad física, psíquica y moral, al debido proceso», dice el texto.
Reinaldo Picado Miranda, se encuentra encarcelado en Costa Rica y probablemente sea entregado a las autoridades de Nicaragua en las próximas horas.
El Movimiento Campesino de Nicaragua busca crear un precedente que garantice plenamente el derecho a la protección internacional de las personas que huyen de sus países. Asimismo, pretenden llaman al gobierno costarricense a enmendar las fallas incurridas en los casos de Picado y Pérez, evitando que la dictadura nicaragüense utilice la extradición y a la Interpol para capturar a opositores.
«Es ampliamente conocida la trayectoria criminal del régimen sandinista de los Ortega Murillo tal como lo han detallado los organismos de derechos humanos del sistema regional, universal y el propio Estado de Costa Rica ante la OEA, ONU y otros organismos internacionales», dice el texto.
Los opositores al régimen cierran el documento reconociéndole a Costa Rica ser un territorio que ha recibido a miles de nicaragüenses que huyen de la represión estatal y los altos niveles de pobreza en el país. Más de medio millón de nicaragüense viven en Costa Rica.

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