Siempre hay reconocimientos indirectos de la legitimidad del régimen de Nicaragua por parte de círculos e individuos especialmente opositores. A fin de cuentas, esto es vergonzoso, porque lo que se está haciendo allí es precisamente lo contrario de lo que se suele afirmar.
Soy de la opinión de que ni una sola ONG en Nicaragua ha perdido su personalidad jurídica. No creo que a ninguna ONG le hayan confiscado sus bienes. No creo que ningún o ninguna nicaragüense haya perdido su nacionalidad. No creo que los tratados y acuerdos hasta el establecimiento de relaciones diplomáticas (China, Burkina Faso) o su ruptura (Taiwan) entre Nicaragua y otros países se haya producido desde 2018 o probablemente desde 2007.
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No creo que una serie de leyes desde 2007 o 2018 tengan alguna validez, ya sean leyes sobre la actividad de agentes de organizaciones nicaragüenses respaldadas por el extranjero, sobre traición a la patria, sobre interferencia con la soberanía de Nicaragua y la paz de las familias nicaragüenses etcétera.
En general, todos opinamos que en Nicaragua no hay nada que pueda calificarse de «gobierno». El gobierno es una ocupación administrativa temporal nombrada por el pueblo para personas que son, en ese sentido, empleados temporales del pueblo. Así como el Poder Legislativo está formado por representantes electos que representan al pueblo y hacen leyes en su nombre. Y el poder judicial, sí, claro, vigila con gran independencia que todo sea correcto entre los tres poderes, o cuatro en Nicaragua. ¡Pero hoy no puede dictar ni sentencias, ni ordenar algo, ni decidir nada!
En Nicaragua no existe un parlamento legislativo libremente elegido. Desde la selección de los diputados hasta las llamadas votaciones en las llamadas elecciones, el parlamento es una pura organización fraudulenta que es designada y actúa en nombre y por cuenta de la familia dictatorial “gobernante”. No puede aprobar leyes porque el soberano, el pueblo, no le ha autorizado a hacerlo. Por lo tanto, tampoco podía concederse a sí misma una amnistía.
Lo mismo ocurre con el gobierno. El pueblo no eligió al presidente, y todo lo que Ortega hace, desde el nombramiento de su gabinete, sus decretos y edictos, todas sus actividades, es ilegal y no tiene base legal alguna. Él mismo es un malvado criminal que cada día añade más delitos a los ya cometidos. Sus ministros no son ninguno, sus comandantes del ejército y de la policía no son ninguno, su vicepresidenta no es ninguna, se la podría llamar más adecuado vicedictadora. No hay Ministerio de Gobernación ni Ministerio del Interior que pueda asignar o cancelar personalidades jurídicas. Todas las y los nombrados no son más que cómplices de una gran banda criminal.
Si la oposición y los medios de comunicación opositores y libres se quejan constantemente de las medidas dictatoriales de la cruel dictadura, en el sentido de que un gobierno no puede hacer esto porque la constitución lo prohíbe, etc., entonces esto no debe tomarse en serio. El régimen no tiene obligaciones. No es una entidad que se instaló encima de un Estado estructurado democráticamente, sino una cosa usurpadora de fuera, extranjera como William Walker, el cartel criminal «El Carmen» sería el término correcto. El cartel no tiene ningún acuerdo con las y los oprimidos presentes, no tiene acuerdos con el SOBERANO, sino que actúa sólo por sí mismo y para sí mismo.
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Mi amiga Fulana de Tal SÍ TIENE pasaporte nicaragüense, aunque ya no se lo expidieron, mi amigo chele SÍ TIENE residencia permanente, aunque está esperando su renovación desde diciembre de 2018, las varias ONG, donde trabajan él y ella, SÍ tienen todas sus personalidades jurídicas, solo que no pueden usarlas en este momento por culpa de las y los delincuentes armados que se hacen llamar «policías» etc.
Me gustaría que todo esto quedara claro en todos los informativos y comentarios y que no se estuviera constantemente quejándose porque una dictadura hace lo que hacen las dictaduras: oprimir, asesinar, robar y abolir los derechos humanos. Hay que informar y denunciarlo todo el tiempo, pero no con cara de reproche, proponiendo o pidiendo racionalidad a los criminales, reconociendo indirectamente su legitimidad.
Última observación: Lo que ya no aguanto oír es la queja de que se ha detenido a gente o se han registrado casas SIN orden judicial. ¡Qué estupidez o hipocresía! ¿Habría alguna diferencia si en la Nicaragua de hoy los presos políticos fueran encarcelados, secuestrados y las casas registradas CON una orden judicial? Ahí lo tienes: es ridículo. Tan ridículo como la indignada acusación repetida, lanzada contra Ortega y Murillo, de haber enviado a las y los presos a Guatemala ¡SIN publicar una LISTA oficial! Es terrible, ¡el cartel ni siquiera sabe documentar correctamente!
Por: Lukas Maurer
