Tres países latinoamericanos y CIDH deploran medidas de Nicaragua contra opositores

Costa Rica, Ecuador y República Dominicana deploraron el viernes la decisión «arbitraria e ilegal» de Nicaragua de revocar la nacionalidad y confiscar los bienes a 135 opositores que fueron excarcelados y trasladados a Guatemala hace una semana, informó la cancillería ecuatoriana.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también fustigó esta decisión de Managua, que elevó a 451 la cifra de opositores nicaragüenses privados de su nacionalidad desde inicios de 2023.

Los tres «países integrantes de la Alianza para el Desarrollo en Democracia deploran la decisión arbitraria e ilegal del régimen nicaragüense» contra el nuevo grupo de exdetenidos políticos, señala un comunicado conjunto.

Un tribunal de Managua ordenó el martes la «pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la Soberanía, Independencia y Autodeterminación del Pueblo Nicaragüense» y «dispuso el decomiso de todos los bienes de los condenados».

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Por mediación de Estados Unidos, el grupo fue enviado la semana pasada a Guatemala.

Las tres naciones de la Alianza hicieron un llamado a Nicaragua «para que restablezca los derechos de sus ciudadanos».

Enfatizaron que de acuerdo a la «Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la nacionalidad y nadie debe ser privado arbitrariamente de ésta».

Por su lado, la CIDH dijo en un comunicado que «repudia que estas excarcelaciones hayan venido aparejadas de la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense y confiscación de bienes» de los 135.

«Esta medida constituye una de las formas más severas de la represión empleadas ahora por el régimen, ya que acarrea profundas consecuencias para estas personas y sus familias, dejándolas en una situación de extrema vulnerabilidad», agregó la CIDH, con sede en Washington.

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La CIDH es una entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA), bloque del que Nicaragua se retiró por sus cuestionamientos a la reelección del presidente Daniel Ortega en 2021.

El gobierno de Ortega ha endurecido la legislación y la represión tras las protestas opositoras de 2018. Desde entonces han sido cerradas unas 5.500 oenegés y sus bienes fueron confiscados.

Esas manifestaciones de rechazo dejaron en tres meses más de 300 muertos, según la ONU, y desde entonces millas de nicaragüenses han partido al exilio y cientos han sido expulsados ​​y sus bienes confiscados.