El más reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre la situación de Nicaragua es alarmante, y detalla el agravamiento de la represión que incluye persecución política y religiosa, secuestros, desapariciones forzadas, cárcel, destierros, torturas crueles y «sufrimiento extremo» infligido a opositores y familias, incluyendo niños.
El informe, que será presentado durante la quincuagésima séptima sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, el próximo nueve de septiembre, pone de manifiesto, una vez más, la crueldad de la dictadura Ortega-Murillo contra los que no comparten sus posiciones políticas ni su modelo de gobierno.
El documento contiene información detallada con una «una visión general» de la situación del país monitoreada entre el 15 de junio de 2023 al 15 de junio de 2024.
La Oficina de ACNUDH señala que ha seguido documentando violaciones de los derechos humanos que «agravan la reducción de los espacios cívicos y democráticos y amplían el control del Gobierno sobre todas las instituciones públicas, ya sean administrativas, judiciales, políticas, académicas o culturales».
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Asimismo denuncian que el régimen Ortega Murillo continúa persiguiendo no sólo a opositores, sino también a «cualquier persona u organización que actúe de forma independiente o que no esté directamente bajo su control».
«Esto incluye defensores de derechos humanos, medios de comunicación independientes, organizaciones no gubernamentales y cualquier otra entidad que abogue por cambios sociales o políticos sin supervisión gubernamental», informa la OACNUDH.
Informe de horror
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, en su informe a presentar ante el Consejo de la ONU define que «la arbitrariedad de la privación de libertad, la duración de las penas de prisión, y la crueldad de los malos tratos, incluida la tortura, infligidos a las personas perseguidas por su presunta oposición al Gobierno, siguen siendo motivo de grave preocupación».
Agrega que algunos reos de conciencia son incomunicados durante meses, sin que se les imputen cargos o reciben largas penas de prisión en procedimientos judiciales que carecen de normas de juicio justo y de las debidas garantías procesales.
En cuanto a las torturas y tratos crueles, el ACNUDH documentó los casos de cinco detenidos que fueron sometidos a tortura o malos tratos, entre ellos «palizas brutales, aislamiento durante períodos prolongados y tortura postural y por estrés».
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Asimismo, para la segunda mitad de 2023, el organismo documentó siete nuevos casos de tortura, incluidos «descargas eléctricas, abusos sexuales y violaciones».
«Tres hombres detenidos denunciaron haber sido violados, además se denunciaron dos casos de ablación y tres de estrangulamiento de testículos. Los sobrevivientes entrevistados por el ACNUDH mostraban signos visibles de trastorno de estrés postraumático».
Los torturadores de la dictadura amenazaron a las víctimas y sus familiares para que no denunciaran la tortura o las condiciones de detención.
Los principales centros de detención y torturas que se mantienen activos, según el informe de la ONU son el Centro Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo; el penitenciario para mujeres La Esperanza; la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Nuevo Chipote, y la Estación policial del Distrito III.
Violencia de género promovida por los dictadores contra opositoras
La ONU denuncia en el informe que la dictadura ejecuta una práctica sistemática de violencia de género, principalmente contra mujeres opositoras o percibidas como tales.
Recuerdan que ya para febrero de este año el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación por la violencia de género, el aislamiento y las malas condiciones de detención de las mujeres, incluido el hacinamiento, la infraestructura penitenciaria inadecuada para las mujeres y sus hijos y el acceso limitado a agua potable y a productos de higiene y atención sanitaria adecuados.
«El Comité tomó nota con preocupación de los informes sobre el trato degradante que recibían las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero detenidas, y de que las mujeres transgénero a menudo eran recluidas en centros de detención para hombres», señala el informe.
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A esto se le suman las desapariciones forzadas, condición en la que se encuentran aún al menos tres personas: el dirigente político misquito y diputado por la Región Autónomas de la Costa Caribe Norte (RACCN), Brooklyn Rivera, en condición de desaparición forzosa desde el 29 de septiembre, es decir, está por cumplir un año de estar desaparecido.
También está en esa misma condición el catedrático universitario y formador de generaciones de comunicadores y sociólogos Freddy Quezada, secuestrado por las fuerzas represivas de la dictadura el 29 de noviembre del año pasado. Se suma el escritor y poeta Carlos Bojorge, de quien la dictadura no da ninguna información desde su captura, el primero de enero de este año.
Crueldad contra niñas y niños
El informe agrega el terrible dato de la separación de niñas y niños de sus padres, entre los que se encuentran bebés de apenas meses de nacidos, que han sido separados de sus padres por la fuerza.
El documento que será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU denuncia que el ACNUDH documentó «dos casos en los que bebés (nicaragüenses) de 2 y 3 meses (de edad) fueron separados de sus madres después que ellas fueran arrestadas arbitrariamente y puestas en prisión preventiva, lo que resultó en el cese abrupto de la lactancia materna».
Asimismo, denuncia que, durante el período que abarca el informe, el ACNUDH sigue recibiendo información que indica que la práctica ampliamente documentada de negar visitas familiares (incluso de niños y niñas) a las personas detenidas en relación con la crisis de derechos humanos que comenzó en 2018 sigue vigente, con graves consecuencias para los niños.
«Niños y niñas siguieron siendo separados de sus padres, a quienes se les prohibió arbitrariamente entrar en el país después de viajar al extranjero», agrega el documento.
El informe también recuenta la reducción de los espacios cívicos a través de la cancelación de más de 5 mil Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), la persecución religiosa mediante el secuestro y destierro de sacerdotes, así como la prohibición de actividades propias del culto religioso.
Insiste la ONU en que debe liberarse de inmediato y sin condiciones a los más de 130 reos de conciencia que permanecen en las cárceles de la dictadura.