Un equipo de abogados argentinos y nicaragüenses inició una acción legal sin precedentes en la historia para Latinoamérica: enjuiciar bajo el fuero internacional a «criminales de lesa humanidad», específicamente a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto a sus principales cómplices en la comisión de esos delitos contra el pueblo de Nicaragua, y, aunque el régimen de Managua trata de ignorar y despreciar a la justicia internacional, un experto en derechos humanos y derecho penal que interpuso la denuncia, sostiene que Argentina tiene potestad para procesar a los tiranos nicaragüenses y detalla la acusación.
Darío Richarte, jurista argentino, experto en derecho penal y derechos humanos y catedrático de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, es quien impulsa la acusación ante la Justicia de su país contra Ortega, Murillo y sus cómplices y afirma, en un análisis hecho público recientemente, que el sistema judicial federal de la República Argentina, puede investigar y enjuiciar a los tiranos nicaragüenses «con fundamento en el principio de jurisdicción universal».
Richarte argumenta que «desde el 18 de abril de 2018 el Gobierno de la República de Nicaragua, ejercido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, viene ejecutando acciones que constituyen crímenes de lesa humanidad, tales como asesinatos, encarcelaciones, desaparición forzada de personas, torturas, traslado forzoso de población, persecución de grupos políticos, étnicos y religiosos, en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil».
Y tomando en cuenta que, el principio de jurisdicción universal «habilita a que cualquier jurisdicción de cualquier Estado pueda investigar y juzgar hechos que se hayan cometido fuera del territorio de ese Estado», han iniciado desde hace dos años acciones encaminadas a procesar a Ortega, Murillo y sus cómplices por delitos de lesa humanidad.
Esta es la demanda contra los dictadores de Nicaragua
Richarte detalla que la denuncia encaminada a enjuiciar bajo jurisdicción internacional a los tiranos de Nicaragua y los principales cómplices que ejecutan sus órdenes criminales al frente de sus fuerzas represivas inició el 26 de agosto de 2022, cuando presentaron una denuncia ante los Tribunales Federales de la Ciudad de Buenos Aires «contra el presidente de Nicaragua, José Daniel Ortega Saavedra y la vicepresidenta Rosario María Murillo Zambrana».
La denuncia incluye a «cada uno de los responsables de la estructura estatal, policial, militar y paramilitar, por crímenes de lesa humanidad, perpetrados a través de los siguientes actos: asesinato, encarcelación, privación grave de la libertad, desaparición forzada de personas, tortura, deportación o traslado forzoso de población y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos o religiosos».
En el documento acusatorio describen el contexto social y político que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018 y se identifican las etapas que conforman el «plan criminal de represión».
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Con la interposición de la denuncia, explica el jurista, se habilita la competencia del fuero federal argentino fundada en el principio de «jurisdicción universal», que compartieron el Fiscal Eduardo Taiano y que resolvió el Juez Ariel Lijo.
Se incluyen los testimonios de una serie de víctimas directas e indirectas, cuyas identidades se mantienen bajo reserva para garantizar su seguridad.
«Asimismo, se incorporaron informes y publicaciones elaborados por instituciones pertenecientes a la comunidad internacional, junto con artículos periodísticos de diversos medios de comunicación los cuales constituyen una valiosa prueba documental de los crímenes de lesa humanidad referidos», describe el experto en derecho internacional.
Siete ampliaciones a la denuncia inicial
El 15 de noviembre de 2022, el equipo de abogados a cargo de impulsar la demanda contra los dictadores nicaragüenses presentó una primera ampliación de denuncia, solicitando la investigación de tres circunstancias: «la responsabilidad de la Directora de la Policía Nacional durante las represiones de abril de 2018 (Aminta Granera, destituida por Ortega), la violación del derecho a la educación y el encarcelamiento de opositores políticos.
Asimismo, el 14 de febrero de 2023, se presentó una segunda ampliación de denuncia, relacionada con la complicidad del Poder Judicial nicaragüense en la legitimación de la política sistemática de represión y la deportación de opositores políticos.
Todo el aparato judicial nicaragüense se ha convertido en cómplice de los dictadores al ejecutar sus órdenes de enjuiciar y condenar, desnacionalizar, desterrar y confiscar en procesos espurios, a centenares de opositores, bajo supuestos delitos «prefabricados» en el Ministerio Público, totalmente al servicio del régimen.
El 21 de marzo de 2023 se presentó una tercera ampliación de denuncia, identificando circunstancias a las que fue sometida una nueva víctima junto con su familia (identidad en reserva), hechos que culminaron con su desplazamiento forzado y exilio a Costa Rica.
El 8 de mayo de 2023 se presentó una cuarta ampliación de denuncia, relacionada con una serie de crímenes cometidos en perjuicio de la libertad de expresión, «particularmente dirigidos al cierre y la cancelación de medios de comunicación masiva y ONG que abiertamente rechazan el régimen, además de la persecución de trabajadores de medios, activistas y opositores políticos».
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En una quinta ampliación de la denuncia, presentada el 20 de Octubre de 2023, los juristas denunciantes describen «el ataque sistemático y generalizado por parte de la dictadura, dirigido contra la población indígena y afrodescendientes, mediante la comisión de graves violaciones a los derechos humanos de los pueblos originarios, con el fin de erradicar no sólo su participación política, sino también, su existencia como grupo».
Esta ampliación de la denuncia se refiere al fraude electoral perpetrado por el régimen en las regiones autónomas el Caribe Norte y Sur, así como la suplantación de los gobiernos locales legítimos con personas afines al partido de gobierno, cierre de emisoras de radios regionales y persecución contra líderes indígenas como el caso del secuestro y desaparición forzada de los diputados misquitos y máximos dirigentes del partido indígena Yatama, Brooklyn Rivera y Nancy Henriquez.
El 1 de Noviembre de 2023 se presentó una sexta ampliación que se circunscribe a denunciar la situación de «acefalía» a la que ha sometido a la CSJ, tras el desalojo, destitución y aprisionamiento de funcionarios judiciales, incluyendo a la presidenta de ese poder del Estado, Alba Luz Ramos, y otros magistrados, jueces y funcionarios en todos los niveles en medio de una purga que, según analistas, se realiza para subordinar completamente ese poder estatal a Rosario Murillo.
El 2 de febrero de 2024 se presentó una séptima ampliación donde se dejó en evidencia la migración «intencionada y organizada» que fluye desde y a través de Nicaragua, poniendo en riesgo los derechos humanos de miles de migrantes y los expone a las bandas del crimen organizado internacional de tráfico ilegal de personas. Esta ampliación acusa a los dictadores de aprovechar la migración «como una herramienta de financiación del régimen».
Los desafíos que enfrenta el proceso
El especialista señala que se ha hecho necesario impulsar el proceso desde otro estado por la «falta de Independencia Judicial en Nicaragua dado que el sistema judicial nicaragüense carece de independencia, lo que complica la implementación de justicia interna y la cooperación con investigaciones internacionales». Además, por «la complicidad del Poder Judicial en la legitimación de la represión sistemática».
Otro desafío que enfrentan los denunciantes es que el régimen de Ortega ha mostrado «reticencia a cooperar con organismos internacionales y ha rechazado resoluciones y recomendaciones de entidades como la ONU y la OEA».
De igual manera, el jurista señala que la garantía de seguridad y confidencialidad de testigos y víctimas en Nicaragua es inexistente dado que «pueden ser perseguidos por el régimen si colaboran con las investigaciones internacionales».
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En ese sentido, Richarte recomienda fortalecer la Jurisdicción Universal y promover la adopción de medidas similares en otros países y colaborar con fiscales y jueces de jurisdicciones que acepten este principio.
Pide fomentar la cooperación con organismos internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI), la ONU, y la OEA «para consolidar esfuerzos y recursos. Establecer comisiones conjuntas de investigación y compartir información y evidencias».
«Los hechos que se cometieron (y se cometen) en la República de Nicaragua configuran Crímenes de Lesa Humanidad y, como tales, forman parte de aquellos que atentan contra el “derecho de gente”. Por ello, la Constitución Nacional Argentina habilita su investigación», sostiene Richarte.
EL Grupo de Experto en Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN) de la ONU, en sus dos recientes informes ha señalado que Nicaragua se han cometido delitos atroces contra la población de Nicaragua y contra el derecho a la práctica de la fe, que pueden constituir crímenes de lesa humanidad, y señala como principales perpetradores al dictador Daniel Ortega y a su mujer, la vicedictadora Rosario Murillo.
