La justicia de Argentina abrió el miércoles, cinco de octubre, una investigación contra los dictadores de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como contra nueve de sus funcionarios, para determinar si su régimen cometió delitos de lesa humanidad, especialmente en las protestas sociales de 2018.
Según información obtenida por el medio argentino Infobae, el juez federal Ariel Lijo ordenó enviar un exhorto o solicitud a la justicia de argentina para que informe si hay causas abiertas donde se investiguen ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, desaparición forzada de personas, o torturas cometidas por Ortega.
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La causa —según el medio— se abrió en base a la denuncia interpuesta por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota, contra Ortega y Murillo y los funcionarios que han sido parte de la represión contra los nicaragüenses.
Nueve funcionario investigados
La lista de funcionarios nicaragüenses investigados por ser ejecutores y autores de la represión estatal, la la encabeza el consuegro de Ortega y director sancionado de la Policía, Francisco Díaz Madriz, el jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés Castillo, el asesor privado de Ortega, Néstor Moncada Lau.
También se incluye al general en retiro Oscar Mojica, ministro de Transporte e Infraestructura, el sancionado presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Eduardo Porras Cortés, el director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Roberto López, señalado de colaborar en la represión de 2018.
Otras de las fichas de Ortega, en la lupa de la justicia argentina son Oscar Valladares, asesor presidencial en temas de defensa y seguridad, la sancionada y exministra de salud, Sonia Castro, señalada de ser responsable de dar la orden de no atender a opositores heridos en las protestas sociales y del despido masivo de trabajadores de la salud.
Finalmente engrosa la lista Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central de Nicaragua, quien «actúa como instrumento de financiación de la familia Ortega – Murillo y de las operaciones crimínales», señala Infobae.
Justicia federal de Argentina está facultada para investigar
En cuanto a que si Argentina está o no facultada para realizar investigaciones a otros países, el fiscal argentino Eduardo Taiano explicó que la justicia federal está facultada para investigar esos delitos en base al artículo 118 de la Constitución, que reconoce el principio de jurisdicción universal, y los compromisos internacionales asumidos por el país.
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«Establecen el deber de los tribunales internos de investigar en nombre de la comunidad internacional con independencia del lugar donde se hayan suscitado, conforme párrafo sexto del preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional», remarcó.
Cabe destacar que la denuncia nace luego de informes, e investigaciones entre los que se destaca los realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos (ONU), la Organización Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua.
En la denuncia judicial a la que tuvo acceso Infobae, señala que «el 28 de mayo de 2021, comenzó otra fase de la estrategia represiva del régimen sandinista. Entre los elementos característicos de este período se destaca la detención de un nuevo grupo de personas identificadas como opositoras al Gobierno»; señala además la detención arbitraria el 19 de agosto contra monseñor Rolando Álvarez, obispo la Diócesis de Matagalpa.
Hasta el momento, el gobierno de Nicaragua no ha respondido a esta acción por parte de la Justicia de Argentina, quien se suma a la condena internacional contra el régimen de Ortega y Murillo.
