El abogado Juan Diego Barberena afirma que la investigación de la justicia Argentina contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo implica «un hecho sin precedentes» que pone al Poder Judicial de Nicaragua en una posición de respuesta ante el juez argentino sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país centroamericano.
La investigación de Argentina estará basada en el Artículo 8 del Estatuto de Roma, «estamos hablando de desaparición forzada, estamos hablando de torturas, estamos hablando de asesinatos, desplazamientos forzados de personas, graves privaciones a la libertad ambulatoria y la libertad física. Ante ese contexto, el Poder Judicial de Nicaragua está obligado a informar a causa abierta en contra de estos funcionarios», dijo en entrevista con Artículo 66 el miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab).
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Barberena asegura que esta acción de parte del país sureño «impacta en el hecho de que Daniel Ortega, siendo presidente de la República, esté siendo investigado en otro país por crímenes de lesa humanidad e impacta en virtud de que tendencialmente eso puede abrir a la posibilidad de que haya una circulación internacional, generando el inicio del procesamiento penal en el Estado argentino».
El experto también reitera que los procedimientos son lentos y también se puede esperar una respuesta de Nicaragua argumentando que el Estado argentino está «violentando la soberanía y la autodeterminación nicaragüense», como ha sido el acostumbrado discurso de la pareja presidencial. Pero, resalta que estos no son fundamentos suficientes y no son razones legales para que la investigación no se lleve adelante.
«Ya son más de los mismos argumentos que la dictadura ha dicho para pretender evadir su responsabilidad, sin embargo eso no es válido para que no continúe la investigación y para que el juez argentino no resuelva en virtud de los hechos que han sido expuestos en virtud de los informes», añade el jurista.
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La iniciativa de Argentina nace luego de informes, e investigaciones entre los que se destaca los realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos (ONU), la Organización Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua.
En la denuncia judicial, señala que «el 28 de mayo de 2021, comenzó otra fase de la estrategia represiva del régimen sandinista. Entre los elementos característicos de este período se destaca la detención de un nuevo grupo de personas identificadas como opositoras al Gobierno»; señala además la detención arbitraria el 19 de agosto contra monseñor Rolando Álvarez, obispo la Diócesis de Matagalpa.
Defensores celebran acción de la justicia en Argentina
La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), con sede en Miami, expresó su visto bueno ante esta iniciativa de parte de Argentina. «Esta noticia es el inicio del camino hacia la justicia que han recorrido las víctimas de la represión desatadas contra las protestas cívicas y ciudadanas, desde 2018 a la fecha», refirió la organización por medio de un comunicado.
La CPDH filial Miami, manifiesta que los informes realizados por los diversos organismos de Derechos Humanos como: Amnistía Internacional, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la labor de los medios de comunicación independientes «brindan suficiente evidencia de la responsabilidad de Daniel Ortega en la represión ejercida hacia los manifestantes en las protestas antigubernamentales».
«Desde CPDH estamos a disposición de la justicia argentina para colaborar en lo que tengan a bien respecto a este proceso de investigación. Agradecemos a las autoridades argentinas por dar este importante paso internacional y atender el clamor de las víctimas», finalizó el organismo.
Hasta el momento, el gobierno de Nicaragua no ha respondido a esta acción por parte de la Justicia de Argentina, que se suma a la condena internacional contra el régimen de Ortega y Murillo.