Daniel Ortega, Rosario Murillo y 14 funcionarios de su dictadura serán investigados y juzgados por un tribunal de la República de Argentina, tras ser denunciados por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Los abogados Darío Richarte y Diego Pirota presentaron el pasado 26 de agosto la formal denuncia contra la pareja dictatorial nicaragüense y su séquito de altos funcionarios, entre ellos asesores presidenciales, ministros, titulares de entes autónomos y jefes policiales y militares. Todos los funcionarios del régimen de Managua están sancionados por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
La denuncia, a la que tuvo acceso Artículo 66, señala que la denuncia es contra Ortega, Murillo y los demás responsables de la estructura estatal, policial, militar y paramilitar utilizada para la comisión de crímenes de lesa humanidad en el territorio de esa República y se sustenta en el artículo 7 del Estatuto de Roma y sobre la base del principio de jurisdicción universal que se desprende del artículo 118 de la Constitución Nacional de Argentina.
La acusación recoge una serie de informes de organizaciones de derechos humanos internacionales y nacionales de Nicaragua como Amnistía Internacional (AI), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Oficina del Alto Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (Cenidh), entre otros.
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Según el documento legal, existen razones para pensar que las muertes de las más de 355 personas asesinadas en el contexto de las protestas sociales habrían ocurrido con conocimiento de las más altas autoridades del Estado nicaragüense, entre ellas el presidente de la República, Daniel Ortega. Además, que se ha podido documentar actos de obstaculización y encubrimiento por parte de algunos funcionarios gubernamentales, llevados a cabo con el ánimo de impedir la exhaustiva investigación de los hechos.
«El Estado ejerció un uso excesivo de la fuerza, y el uso de la fuerza letal fue generalizado, desproporcionado y, en muchas ocasiones, indiscriminado y se documentaron casos de posibles ejecuciones extrajudiciales que constituyen una grave violación de derechos humanos y un crimen de derecho internacional», señalan los abogados argentinos.
Los letrados consideran que las actuaciones de la dictadura de Nicaragua son una violación sistemática de derechos humanos y la comisión de acciones criminales que consistieron en el asesinato de manifestantes disidentes, la privación de atención médica a los heridos, encarcelaciones y privaciones ilegales de la libertad que, en muchos casos, se convirtieron en desaparición forzada de personas, torturas y malos tratos. Además, que esta situación empuja a la población a emigrar a otros países a fin de resguardar sus derechos, su integridad física y su vida.
Jefes policiales, de Ejército y asesores presidenciales
Entre los acusados están Francisco Javier Díaz Madriz, consuegro de la pareja dictatorial y jefe de la Policía Nacional; Néstor Moncada Lau, asesor presidencial en temas de seguridad; Julio César Avilés Castillo, comandante en jefe del Ejército de Nicaragua; Oscar Mojica Obregón, titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI); Gustavo Eduardo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional; Roberto José López Gómez, presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS); Oscar Valladares; y Sonia Castro González, exministra de salud y actual asesora presidencial en temas de salud.
La lista la completan Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), al fallecido Orlando José Castillo Castillo, expresidente del Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor); Fidel Antonio Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua; José Francisco López Centeno, vicepresidente de Alba de Nicaragua (Albanisa) y tesorero del partido de gobierno; Ramón Antonio Avellán Medal, comisionado general de la Policía Nacional y Lumberto Ignacio Campbell Hooker, vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE).
El presidente del BCN, Ovidio Reyes, es señalado «como instrumento de financiación de la familia Ortega – Murillo y de las operaciones criminales. La exministra de salud, Sonia Castro es señalada de ser responsable de dar la orden de no atender a opositores heridos en las protestas sociales y del despido masivo de trabajadores de la salud. Los jefes policiales Francisco Díaz y Ramón Avellán son señalados de apoyar y dirigir la represión estatal contra los manifestantes que fueron asesinados en el contexto de las protestas sociales de 2018.
La acusación solicita que los implicados en los delitos por lesa humanidad sean citados a rendir declaración, a través de los mecanismos correspondientes y en caso de no comparecencia, se disponga la captura internacional de los funcionarios orteguistas y se comunique a los organismos pertinentes para hacerla efectiva.
El juez federal Ariel Lijo, quien tramita el caso contra Ortega y su séquito, es un respetado y prominente judicial en Argentina. En su trayectoria profesional ha conocido causas contra altos funcionarios de los gobiernos de los presidentes Carlos Menem y Cristina Fernández de Kirchner; también investigó al exvicepresidente Amado Boudou y al expresidente Mauricio Macri. Ahora le toca el turno de investigar la acusación por crímenes de lesa humanidad contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y 14 altos funcionarios de la dictadura de Nicaragua.
