La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha emprendido una verdadera cruzada anticristiana en Nicaragua, atacando principalmente a la Iglesia católica, aunque las iglesias protestantes no se han salvado de la violencia antirreligiosa del régimen y junto al catolicismo han sido víctimas de confiscaciones, encarcelamientos arbitrarios, destierros, campañas estigmatizantes y mensajes de odio.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaraguas Nunca Más, en su Boletín número 4, sobre libertad de culto en Nicaragua señala que la situación que viven los cristianos en el país, bajo la dictadura Ortega-Murillo es de «creciente represión, intensa y sistemática».
La organización defensora sostiene que «continúan las múltiples violaciones a la libertad de religión en Nicaragua, que reflejan un panorama de creciente represión, con detenciones arbitrarias, ataques directos a líderes religiosos, estigmatización y mensajes de odio en los pronunciamientos oficiales respecto a la libertad de culto».
La guerra contra la religión emprendida por Ortega y Murillo desde 2018 deja hasta el momento, al menos 222 religiosos desterrados, incluyendo 91 monjas de diferentes congregaciones.
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Además, el organismo ha identificado por lo menos 52 personas religiosas y sus familiares que han quedado en situación de «apatridia de facto».
El Boletín del Colectivo de defensores señala que, hasta el momento, se conoce de 21 pastores evangélicos que permanecen en el exilio obligados por la persecución religiosa de la dictadura y otros tres pastores que fueron impedidos de ingresar al país, obligándolos también al exilio.
Ataques directos contra líderes religiosos
De acuerdo con la información recabada por los defensores de DD.HH., el régimen sandinista ha desterrado a 51 sacerdotes sin aplicarles un juicio previo, violando sus derechos a la residencia y libre circulación en su propio país.
A ello se debe sumar el encarcelamiento de 11 líderes evangélicos de la iglesia Puerta de la Montaña, que fueron acusados por supuesto lavado de dinero. Fueron declarados culpables en un juicio sin garantías y sin seguir el debido proceso y condenados a penas de cárcel que van desde los 12 hasta los 15 años.
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«Este patrón de persecución ha llevado a la expulsión y desplazamiento forzado a las más de 200 personas religiosas y al incremento de la vigilancia a actividades realizadas, sobre todo en iglesias católicas», reza el informe.
Cierre y confiscaciones en masa de ONG religiosas
El Colectivo Nicaragua Nunca Más ha documentado que, desde 2018, a raíz de las protestas sociales en las que decenas de miles de nicaragüenses se lanzaron a las calles a exigir el fin de la dictadura y en las que la Iglesia decidió ponerse del lado del pueblo, la tiranía ha ordenado la cancelación y confiscación de bienes de 3 mil 781 Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), entre ellas centenares ligadas a las iglesias católica y evangélicas.
Además, han ejecutado el cierre y confiscación de al menos 22 medios de comunicación religiosos. El caso más reciente es el de radio María, cuya última transmisión fue el 9 de julio de este año.
El Grupo de Experto en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren) de las Naciones Unidas ha calificado las violaciones a la libertad religiosa en Nicaragua como «crímenes de lesa humanidad» y señaló como principales perpetradores al dictador Daniel Ortega y a la vicedictadora Rosario Murillo.