Daniel Ortega y Rosario Murillo cometen crímenes de lesa humanidad contra la iglesia, dicen Expertos de la ONU

El dictador Daniel Ortega y su mujer, la vicedictadora Rosario Murillo, son los principales instigadores del odio contra la Iglesia en Nicaragua y los que han ordenado todas las acciones represivas contra las instituciones religiosas en el país, involucrando a varias instituciones del Estado y por ello, son los principales perpetradores de «crímenes de lesa humanidad» contra la religión, según el más reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos Sobre Nicaragua (GHREN), de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La actualización del informe, en la segunda fase de investigaciones que realiza el GHREN, hecho público este 23 de julio, en una extensa descripción contenida en más de 50 páginas, es contundente y directa al dedicar un apartado completo para describir cómo Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, desde el 2018, han sostenido un discurso de odio en los que incitan a la «discriminación, hostilidad y violencia», contra las instituciones religiosas y sus miembros.

Asimismo, los expertos de la ONU detallan todas las violaciones que, de forma sistemática, intencionada y planificada ha cometido el régimen Ortega-Murillo contra la práctica religiosa en Nicaragua.

Entre las violaciones a la libertad religiosa más recurrentes, documentadas por el GHREN, se cuentan amenazas, hostigamiento, agresiones físicas, detención arbitraria, violaciones del derecho al debido proceso y a un juicio justo, privación arbitraria de la nacionalidad a por los menos 22 religiosos, y violaciones del derecho a la libertad de circulación.

Además, la dictadura ha perpetrado expulsiones de religiosas y religiosos. En el marco de la escalada represiva emprendida por el régimen a partir de 2018, 84 sacerdotes, seminaristas y laicos han sido expulsados del país, así como 70 hermanas religiosas de diferentes órdenes que también han sido desterradas.

A todo esto se suman las confiscaciones de bienes de la iglesia, cancelaciones de organizaciones de beneficencia, educativas y de predicación del cristianismo.

También revelan que, como parte de la persecución religiosa, la dictadura Ortega-Murillo, solo entre 2023 y 2024, ha prohibido 7,976 actividades religiosas en todo el país, incluyendo hasta las misas que se ofician en honor a los fieles difuntos. 

«En consecuencia, el Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que las fuerzas de seguridad y autoridades nicaragüenses, así como individuos, grupos armados progubernamentales y turbas sandinistas, los cuales actuaron con la connivencia del Estado, cometieron violaciones sistemáticas y generalizadas del derecho a la libertad de religión», dice el informe.

La guerra es contra el cristianismo

El Informe del GHREN hace la puntualización que «las agresiones, asaltos repetidos contra templos, imágenes, símbolos, procesiones y otras formas de celebraciones religiosas, constituyen restricciones arbitrarias a la libertad religiosa de fieles y religiosos católicos y de otras confesiones cristianas, quienes no pudieron manifestar libremente su fe y vieron afectados lugares y objetos esenciales para el ejercicio de sus cultos».

En ese punto, los expertos destacan que, hasta el cierre del documento, «no se habían registrado agresiones similares contra otras confesiones no cristianas», es decir, la guerra de Ortega y Murillo es contra el cristianismo.

Con toda una avalancha de testimonios y hechos documentados, el Grupo de Expertos encontró que «tiene motivos razonables para creer que las violaciones, abusos y crímenes documentados se produjeron como consecuencia de los actos u omisiones de agentes y representantes de varias instituciones del Estado, incluidos principalmente el poder legislativo, el poder judicial, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Gobernación (ahora Ministerio del Interior)».

Y además, los investigadores de la ONU señalan, de forma contundente, que tienen motivos suficientes para creer que «el presidente y la vicepresidenta se valieron de diversas instituciones del Estado para reprimir sistemáticamente a los miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas, opositores o percibidos como tales, y que sus órdenes fueron ejecutadas de manera eficaz y coordinada en todo el territorio nacional».

Los especialistas consideran que, tal como establecieron en la primera fase del informe, Ortega y Murillo, juntos a varias instituciones que han seguido sus órdenes, han cometido y siguen cometiendo «crímenes de lesa humanidad» contra la Iglesia católica y otras denominaciones cristianas. 

 El Grupo también tiene motivos razonables para creer que, sin las acciones del presidente y la vicepresidenta, las violaciones y los abusos sistemáticos de los derechos humanos y los crímenes aquí documentados no se habrían realizado o se habrían realizado de una manera significativamente diferente.

Finalmente advierten que «las violaciones, abusos y crímenes investigados por el Grupo de Expertos dan lugar a la responsabilidad del Estado de Nicaragua.

Y agregan que «en algunos casos, los crímenes generan responsabilidad penal individual, ya sea en virtud del derecho internacional penal o de conformidad con los tipos penales en la legislación nicaragüense o de terceros países», lo que deja abierta una ventana para que Ortega, Murillo y sus cómplices sean acusados por crímenes de lesa humanidad contra la Iglesia en cualquier Estado que tenga jurisdicción.