El silencio que mantiene la Iglesia católica ante la constante represión contra sus líderes es un silencio «cómplice» en favor de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, denuncia el abogado y defensor de derechos humanos Danny Ramírez Ayérdiz, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh).
El activista afirma que al callar los líderes católicos actúan de forma «pusilánime» y «cobarde». Desde 2018, el régimen ha aumentado la persecución contra los representantes de la institución religiosa a la que acusa de ser «cómplice» de un supuesto «golpe de Estado», que en realidad fue una rebelión cívica de los nicaragüense ante un hartazgo generalizado por la corrupción y represión estatal.
«En términos de derechos humanos, el Estado está utilizando todas sus fuerzas para destruir, en términos institucionales, a la Iglesia. Y lo peor es que la CEN (Conferencia Episcopal de Nicaragua) guarda silencio. El cardenal (Leopoldo) Brenes guarda silencio», apuntó Ramírez Ayérdiz en una entrevista del programa En Contacto, producido por Artículo 66.
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Ramírez, que también fue una de las víctimas a las que el orteguismo le arrebató su nacionalidad nicaragüense y tuvo que ser acogido en Argentina, recordó que los niveles de represión «también han alcanzado a los altos jerarcas», mencionando el caso de monseñor Rolando Álvarez, que estuvo encarcelado por más de 500 días y luego —en enero de 2024— fue desterrado junto a otros 17 sacerdotes al Vaticano.
«Si esta es la posición que está pidiendo el papa (Francisco) que asuma la Iglesia nicaragüense (el silencio), creo que eso no abona en nada. Y, en este ritmo, la Iglesia nicaragüense va a quedar vacía; no va a haber nadie. Es decir, en algún momento, la Iglesia en Nicaragua va a ser una iglesia sandinista, donde por falta de ministros, quien va a designar a los sacerdotes —estoy hablando en términos exagerados— va a ser el régimen, hasta al cardenal lo van a expulsar de ser posible (…) todo esto ante un silencio que me parece pusilánime y cobarde», insistió Ramírez.
Recientemente, el régimen orteguista también desterró a otros siete sacerdotes de la Diócesis de Matagalpa y Estelí, tras mantenerlos varios días bajo «seminario por cárcel» en Managua. Además, en horas de la mañana de este 11 de agosto también —según una denuncia de la abogada Martha Patricia Molina— ordenó la detención del sacerdote Denis Martínez, vicario parroquial de la Catedral de Matagalpa.
Ramírez, al ser cuestionado sobre el riesgo adicional que asumiría la Iglesia católica al romper el silencio y condenar las acciones de la dictadura, mencionó que estos llamados ya se han hecho en otras ocasiones, ejemplificando con los pronunciamientos que se hizo cuando el régimen encarceló a monseñor Rolando José Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí.
«En caso de que se detenga a otros religiosos, la posición debe ser la misma. Podría entender el exceso de prudencia en un momento donde las condiciones no se saben para dónde van a ir, pero en un momento donde el ataque es frontal, la prudencia debe apuntar hacia la defensa de los propios clérigos. La Iglesia tiene una doctrina social, que fue revisada en el Concilio Vaticano II, en uno de sus dicasterios de derechos humanos. Hemos escrito a todos lados, hemos hecho ver que sea necesario que se pronuncie la Iglesia de Nicaragua, porque la que tiene que declararse es la Iglesia de Nicaragua», aseguró el secretario ejecutivo de Calidh.
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Agregó que como defensores no buscan a otro mártir de la Iglesia en la región, rememorando el caso de monseñor Óscar Arnulfo Romero, el religioso salvadoreño asesinado el 24 de marzo de 1980 en represalia a su labor como defensor de derechos humanos. En esos mismos años, «la Iglesia perseguida también le hizo frente al régimen revolucionario, y por eso debo calificar de pusilánime y cobarde al cardenal Brenes», recalcó.
«Yo entiendo los miedos, pero si ellos no solo están en un papel de administradores, sino de defensores (…) las posturas de silencio no sirven. Una conferencia episcopal que saque una carta clara, que se difunda por todos lados, como debería esperarse, sería un escándalo enorme, y es algo que muchos nicaragüenses están esperando desde hace mucho tiempo», insistió.
El objetivo de la dictadura es «sembrar terror»
El secretario ejecutivo de Calidh destacó que toda esta persecución y redadas masivas contra los miembros de la Iglesia principalmente tienen como objetivo que la población «continúe sumida en el terror».
En un informe que esa organización documentó sobre las violaciones a los derechos humanos en los primeros siete meses de 2024, se resalta que la «feligresía también es víctima de esta persecución, porque al prohibir la celebración pública de cuestiones de fe, las expresiones o manifestaciones de fe pública también están directamente afectando a la población que quiere ir al peregrinaje, que quiere llevar al santo cargando (con relación a las procesiones que han sido prohibidas)».
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Además, explicó que la dictadura comete el «crimen específico de persecución religiosa. El Centro observó que continúan los hostigamientos, los destierros, el vaciamiento de parroquias. Se ha profundizado el hostigamiento a feligreses, el espionaje de paramilitares, CPC (militantes sandinistas organizados por barrios) en las parroquias y capillas, el encierro de las celebraciones, reducidas a los atrios. Nosotros creemos, y lo dijimos en un comunicado que publicamos hace unas semanas, que una de las características de este semestre es la rapidez con que se cometen estas acciones represivas».
El defensor lamentó que actualmente en Nicaragua «la población está suprimida en sus derechos, pero también está inmovilizada; no pueden moverse a exigir sus derechos y libertades en cualquier ámbito, en la calle, de presentarse a una institución del Estado. Sea lo que sea, la población nicaragüense está inmovilizada, porque incluso están estos rastreos en redes sociales que te pueden llevar a la cárcel».
