La vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, confirmó este jueves, ocho de agosto, el destierro hacia Roma de siete sacerdotes de la Iglesia católica los que, según dijo, «llegaron bien», y afirmó que la expulsión de los religiosos de su propio país fue en nombre de la paz y la justicia.
Durante su monólogo diario, a través de los medios propagandísticos, Murillo leyó una escueta nota de prensa en la que detalla que los siete religiosos, que fueron secuestrados por la Policía sandinista en las últimas semanas, fueron desterrados hacia Roma.
«El día de ayer miércoles, siete de agosto, salieron de Nicaragua hacia Roma siete sacerdotes nicaragüenses, que han llegado bien y que han sido recibidos por la Santa Sede», dijo la vicedictadora,
La vocera gubernamental afirmó que el destierro de los religiosos lo ejecutaron «priorizando la paz que es justicia», pretendiendo decirle al pueblo católico de Nicaragua que los sacerdotes, despojados del derecho a residir y ejercer en su país, representaban un peligro para la nación.
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En su monólogo, Murillo agregó que la arbitraria expulsión de los sacerdotes respondió a la necesidad de «seguir caminando en caminos que son de seguridad, que son de bien común, que son de prosperidad para la familia nicaragüenses».
Los sacerdotes que fueron desterrados a Roma son: Edgar Sacasa, Ulises Vega, Marlon Velásquez, Víctor Godoy, Harvin Torrez, Jairo Pravia y Silvio Romero. La policía al servicio del régimen había secuestrado a 8 párrocos y los había obligado a permanecer en condición de «seminario por cárcel», en Managua.
El régimen Ortega-Murillo sostiene una guerra abierta contra la libertad religiosa y se ha ensañado especialmente contra el catolicismo.
En un reciente informe elaborado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN), se detalla que, entre las principales violaciones cometidas por la dictadura Ortega-Murillo contra la libertad religiosa se cuentan amenazas, hostigamiento, agresiones físicas, detención arbitraria, violaciones del derecho al debido proceso y a un juicio justo, privación arbitraria de la nacionalidad a por los menos 22 religiosos, y violaciones del derecho a la libertad de circulación.
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Además, la dictadura ha perpetrado expulsiones de religiosas y religiosos. En el marco de la escalada represiva emprendida a partir de 2018, al menos 84 sacerdotes, seminaristas y laicos han sido expulsados del país, así como 70 hermanas religiosas de diferentes órdenes que también han sido desterradas. A esto se debe sumar los siete sacerdotes desterrados esta semana.
Como parte de la persecución religiosa, la dictadura Ortega-Murillo, solo entre 2023 y 2024, ha prohibido 7,976 actividades religiosas en todo el país, incluyendo hasta las misas que se ofician en honor a los fieles difuntos.
