Este pasado ocho de julio se cumplieron seis años desde que el gobierno de Daniel Ortega ordenó la «operación limpieza», que consistió en la entrada de al menos dos mil paramilitares al departamento de Carazo, donde atacaron por más de doce horas a los pobladores que se organizaron para levantar tranques para protegerse, en los municipios de Jinotepe, Dolores y Diriamba, así lo denunció el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
El operativo disfrazado de «obras de limpieza», que fue ejecutado por hombres armados, articulados por la Policía, el Ejército y alcaldías, también fue llamado por el partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como «operación por la paz» y dejó más de 140 ciudadanos muertos, lo que lo convierte en una de las peores masacres desde el 2018, según el Monitoreo Azul y Blanco.
A las muertes se les suman también las 403 detenciones arbitrarias en todo el territorio y más de 1,110 violaciones a los derechos humanos en las que, según los organismos de Derechos Humanos, hubo tortura física y psicológica a los opositores. Según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, «esta infamia perpetrada por el régimen Ortega Murillo tarde o temprano deberán enfrentarla ante los tribunales porque ya la historia los ha juzgado como los mayores represores del pueblo nicaragüense».
El colectivo señala como principales autores intelectuales de la masacre de junio-julio de 2018 a Daniel Ortega, Rosario Murillo y al jefe de la Policía, comisionado Francisco Díaz Madrid. También indican que el llamado «operación por la paz» fue planificado y organizado por las altas estructuras del gobierno, además de utilizar recursos del estado y armas de alto calibre para reprimir a la población que se rebeló contra el régimen sandinista.
El Movimiento Universitario 19 de Abril afirma que durante la operación limpieza llevada a cabo del 8 al 10 de julio de 2018 en los municipios de Jinotepe, Diriamba y otros de Matagalpa, los paramilitares utilizaron armamento de alto calibre, incluyendo armas de uso exclusivo del Ejército de Nicaragua. Entre ellas, ametralladoras PKM, de fabricación rusa; lanza cohetes RPG-7, fusiles Dragunov con miras telescópicas, bombas y escopetas.
Noticia relacionada: Seis años de la «Operación Limpieza», una masacre sanguinaria perpetrada por el régimen de Ortega
«Nadie nos lo contó. Sobrevivimos la operación limpieza: quema de casas, asesinatos y exilio forzado. Lo vimos con nuestros ojos y lo sufrimos en carne propia. La memoria y la justicia siguen siendo nuestra regla de oro. Nunca olvidaremos», indica el comunicado publicado en redes sociales del organismo universitario.
Denuncias internacionales
Amnistía Internacional, en un informe publicado en 2018, denunció que las autoridades de Nicaragua «cometieron violaciones graves de derechos humanos», durante la operación limpieza, destinada a eliminar barricadas con «fuerza letal» y no solo con conocimiento del delito a los derechos humanos, sino también «bajo su orden y control».
En su segundo informe sobre la situación en Nicaragua, la entidad internacional enumeró la ejecución de actos de «torturas, detenciones arbitrarias y el uso generalizado e indiscriminado de fuerza letal por parte de la policía y fuerzas parapoliciales fuertemente armadas» así como seis «posibles ejecuciones extrajudiciales», que constituyen delitos de derecho internacional.
Entre los posibles casos de ejecuciones extrajudiciales, se encuentra el de Leyting Chavarría, de 16 años, que murió en la ciudad de Jinotega (norte). «Según testigos, un policía antidisturbios mató a Chavarría, que sólo llevaba una honda o tirachinas», señala la oenegé.
Noticia relacionada: Ortega corre a su propio hijo y acelera la «operación limpieza» en el Poder Judicial
Asimismo, cita el caso del policía Faber López, muerto a manos «de sus propios compañeros», según lo ha denunciado su madre, a quien el régimen nunca invitó a los actos póstumos que supuestamente realizaron por el oficial muerto durante los días álgidos de la crisis de 2018.
Los organismos señalan a la pareja presidencial como la responsable directa de dicha masacre, y aunque el estado inició investigaciones judiciales, estas estaban orientadas a desviar indagaciones y criminalizar a opositores, las pruebas audiovisuales recopiladas entre el mes de junio y julio; sin embargo, muestran el actuar violento y desmedido de las fuerzas del orden que rompieron los protocolos establecidos para reprimir al pueblo.
