El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció y condenó los eventos de la «Operación Limpieza», un operativo letal «orquestado, dirigido y celebrado como un gran triunfo» por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, entre junio y agosto de 2018. Esta masacre, uno de los mayores baños de sangre que ocurrieron durante la crisis sociopolítica, resultó en la muerte de al menos 220 ciudadanos.
Por medio de un comunicado difundido en redes sociales, este jueves, 13 de junio, el grupo humanitario afirma que «este acto criminal demostró la total premeditación y organización logística», utilizando armas de alto calibre y recursos estatales, entre ellos vehículos policiales y ambulancias del Ministerio de Salud, para movilizar y armar grupos paraestatales y policías que tenían como objetivo principal reprimir a la población.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó que de las 355 personas asesinadas entre 2018 y 2019, 129 murieron por disparos en la cabeza, cuello y tórax, «lo que evidenciaba su total menosprecio (de Ortega y Murillo) a las vidas de los nicaragüenses».
El Colectivo afirma que las atrocidades cometidas durante este operativo «demuestran la inhumanidad, irrespeto a la vida y grave violación de derechos humanos de la dictadura de Nicaragua, que prefirió atacar y matar al pueblo nicaragüense usando todos los medios y recursos posibles»
«En este sexto aniversario de una de las peores masacres y crímenes contra el pueblo, el Colectivo Nicaragua Nunca Más denuncia a Ortega y Murillo, al jefe de la Policía Nacional, primer comisionado Francisco Díaz Madriz, y a múltiples actores estatales como los principales implicados en esta mortal represión, que significó el asesinato de cientos de personas para aplastar las protestas cívicas iniciadas en abril de 2018», detalla el informe.
La sangrienta «Operación Limpieza»
El 4 de junio de 2018, la Alcaldía de Managua movilizó personal y maquinaria para remover las barricadas y tranques que se encontraban en la capital, calificando su decisión como una «Operación por la Paz» Ese mes, se reportaron más de mil heridos y 150 nicaragüenses fueron asesinados, seguidos por 90 en julio y tres en agosto. Del total de 220 muertes, 156 fueron causadas por proyectiles de armas de fuego.
El 23 de junio, Día del Padre en Nicaragua, fuerzas paraestatales aparecieron en diversos puntos del país, uniformados con camisas azules, verdes y pasamontañas, además de pañoletas blancas en las muñecas, mostrando la preparación y organización de estos grupos, respaldados por la Policía Nacional.
Los grupos paraestatales utilizaron armamento de guerra que requiere entrenamiento específico, como fusiles Dragunov, AK-47, lanzacohetes antitanques, rifles FN Special Police (SPR), y otras armas militares. Esto implica la complicidad del Ejército, que permitió el uso de su arsenal para atacar a los civiles nicaragüenses.
Los niños también fueron víctimas mortales de la represión del régimen orteguista. El 16 de junio de 2018, fuerzas paraestatales y policías incendiaron una casa en el barrio Carlos Marx, Managua, que resultó en la muerte de seis personas, incluidos dos menores de edad. El 25 de junio, durante un ataque en el barrio Américas Uno, Managua, un bebé de 14 meses fue asesinado a tiros.
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El 8 de julio, grupos paramilitares atacaron Diriamba, Dolores y Jinotepe, causando 20 muertos y la captura y tortura de 30 personas. Cinco días después, la parroquia Jesús de la Divina Misericordia en Managua fue atacada durante 18 horas por grupos paraestatales y la Policía orteguista. Los jóvenes Gerald Vásquez y Francisco Flores murieron durante este atentado. Posteriormente, el 17 de julio, agentes represivos asesinaron a otros seis nicaragüenses en Masaya.
La organización defensora de derechos humanos demanda «justicia para todas aquellas familias que perdieron a sus seres queridos» y mantiene «la memoria de esta infamia que la Policía Nacional, el Ejército y los dictadores Ortega y Murillo. «Tarde o temprano tendrán que enfrentarse ante los tribunales porque ya la historia los ha juzgado como los mayores represores del pueblo nicaragüense», advierte el Colectivo.
