Un tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) falló a favor del sociólogo y profesor universitario Freddy Quezada, ordenando al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que informe sobre su paradero. La dictadura nicaragüense tomó como su rehén político al catedrático desde el 29 de noviembre de 2023. Desde ese día no se sabe dónde está.
Una de las atenuantes en este caso es la edad del desaparecido. El tribunal resalta que «las personas mayores privadas de libertad tienen necesidades especiales derivadas del proceso de envejecimiento, que se ven agravadas por las propias condiciones de vulnerabilidad en que se encuentra la población carcelaria, lo que permite sostener que se encuentran en un riesgo mayor».
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Según una publicación del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh), la Corte Interamericana de Derechos Humanos «ordenó al Estado (de Nicaragua) ponga en libertad a Freddy Quezada».
«En tribunal ordenó al Estado la protección de la vida, revelar su paradero, la libertad inmediata, y su protección por su estado de vejez», agrega Calidh. Quezada, de 65 años, acumula 224 días en prisión y a la fecha, la administración sandinista no ha informado sobre su paradero o estado de salud.
Danny Ramírez Ayérdiz, secretario ejecutivo de Calidh, explicó que esa resolución «está relacionada con la orden de liberación inmediata que dispone el máximo tribunal de la región americana, la protección de la integridad física y ordena la aparición de Freddy Quezada, que es la persona que representa Calidh. A él y a otra persona mayor se ordena que se revele dónde están ocultos. La Corte deja claro que están desaparecidos y que por su condición de adultez mayor deben recibir la atención adecuada».
De acuerdo con la resolución de la Corte IDH, a los familiares del profesor se les notificó que Quezada está recluido en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como «La Modelo», «sin embargo, esa información no habría sido confirmada por las autoridades penitenciarias, quienes no habrían brindado información sobre su paradero, ni autorizado la visita de familiares».
Estado desobediente
Ramírez asegura que el pronunciamiento de la Corte IDH se asume como un gran avance en la denuncia internacional de la represión en Nicaragua. Al negarse a liberar a los prisioneros políticos se patentiza que en el país opera un «Estado que desobedece las órdenes de ese tribunal, que no le interesa cumplir con las órdenes de un organismo de derechos humanos, de que prefiere que prevalezca su discurso mentiroso de paz antes de hacer efectivo los derechos humanos de las personas que están en grave vulnerabilidad e incluso, en riesgo de muerte».
En el caso de Quezada, la Corte IDH documenta que al profesor se la ha bloqueado la firma de un documento de «fe de vida», el cual es requerido por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) para la renovación anual de su pensión de jubilación.
Se supo que el catedrático fue sometido a un juicio sumario el 24 de enero de este año, pero no fue llevado a los Juzgados de Managua, sino que se realizó de forma virtual.
Al igual que han actuado contra miles de personas presas políticas desde 2018, el régimen le negó su derecho a contar con un abogado de su elección y le asignó un defensor público. La justicia orteguista lo acusó de «incitación al odio» por sus publicaciones en redes sociales, según dijo el abogado designado a la familia.
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A los familiares de Quezada tampoco les autorizan la entrega de medicina que requiere para controlar la diabetes grado dos, glaucoma primario de ángulo abierto y cataratas en el ojo izquierdo, fibromatosis plantar grado uno, otitis media crónica del oído derecho e hipertrofia prostática que padece.
El 2 de mayo de 2024, familiares del preso político interpusieron un recurso de exhibición personal ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, a través del cual solicitaron que sea liberado de la cárcel. Además, habría solicitado información sobre el proceso seguido en su contra. La Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua consideró sin lugar el recurso presentado por lo que se presentó recurso de aclaración, el cual no habría sido resuelto.
Corte IDH exige la liberación de más de 20 presos políticos
En la resolución la Corte IDH aboga ante el Estado de Nicaragua por la liberación inmediata de: Kevin Castillo, Víctor Ticay Ruiz, Sergio Castiblanco, Jacqueline Rodríguez Herrera, Olesia Muñoz Pavón, Anielka García, Melba Hernández, Abdul Montoya, Eddy Castillo, Nelly López, Juan Carlos Baquedano, Carlos Bojorge, Walner Blandón Ochoa, José Luis Orozco, Álvaro Escobar, Juan Carlos Chavarría, Marcos Hernández Jirón, Juan Luis Moncada, Orvin Alexis Moncada Castellano, Harry Ríos Bravo, Manuel De Jesús Ríos, César Burgalín Miranda y Marisela de Fátima Mejía Ruiz.
Asimismo, la Corte ordena al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar sus derechos a la vida, integridad, libertad personal, salud y alimentación adecuada.
En esta lista están activistas políticos, universitarias, trabajadores de Cáritas Diocesana, el periodista Ticay y líderes territoriales que forman parte de las 143 personas presas políticas que la dictadura tiene en sus penales.
