Daniel Ortega se inventó un nuevo cargo ministerial para el destituido extitular de Hacienda y Crédito Público Iván Acosta. «Nómbrese al compañero Iván Acosta Montalván en el cargo de Ministro Asesor del Presidente de la República Ante Organismos Internacionales», dice el artículo 1 del Acuerdo Presidencial 104-2024, publicado en el diario oficial La Gaceta, número 117, de este viernes, 28 de junio de 2024.
El nombramiento de Acosta Montalván resulta extraño, pues ocurre solo ocho días después de que Ortega publicara en La Gaceta su supuesta renuncia y lo sustituyera inexplicablemente, por el que fungía como su viceministro, Bruno Mauricio Gallardo Pallaviccine. Para Acosta, el cargo como ministro de esa cartera económica había sido el más importante que el funcionario había ocupado en su vida. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público es la institución encargada del manejo presupuestario del Estado.
En el Acuerdo que Ortega informaba sobre su «renuncia», también informaba que Acosta sería designado a «otras tareas y funciones».
Pero más extraño todavía es que el dictador sandinista nombre a Acosta como «Ministro Asesor ante Organismos Internacionales», solo cuatro días después de que le quitara, también vía Acuerdos Presidenciales, publicados en La Gaceta número 113, del lunes, 24 de junio, todos los nombramientos de representación que ostentaba ante el BID, el BCIE, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y lo sustituyera sin siquiera referirse a él con nombre y apellidos.
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Reportes periodísticos basados en fuentes gubernamentales dieron cuenta en las últimas dos semanas de intensos movimientos al rededor de Acosta, que habrían incluido allanamientos en su despacho en Hacienda y en su casa familiar, además de interrogatorios y retenciones del exfuncionario en El Chipote, presuntamente, por actos de corrupción, vinculados con la venta de vehículos estatales como chatarra.
La supuesta caída en desgracia de Acosta, uno de los ministros de mayor confianza de Ortega, es atribuida a las purgas que ejecuta la vicedictadora Rosario Murillo, quien estaría barriendo con los funcionarios de alto nivel que le son más leales a Ortega que a ella.
Otras versiones sostienen que la cabeza de Acosta rodó a pedidos del hijo de los dictadores, Laureano «El Chigüin» Ortega Murillo, con quien el exministro tendría diferencias y por ello el Chigüin le puse quejas a su madre y juntos decidieron dar muestras de su poder decapitando al ministro.
De ser ciertas esas versiones, lo que estaría haciendo Ortega con este nuevo ministerio inventado sería forrar a su otrora ministro leal con inmunidad ministerial y dándole la posibilidad de mantener un salario, aunque sus funciones sean mínimas.
La ola de persecución que Ortega y Murillo mantiene contra sus propios funcionarios les prohíbe moverse de Managua hacia otros departamentos y salir del país sin su autorización expresa. La vigilancia es tal que incluso para vender un bien personal, como un vehículo o una casa, o enviar a sus hijos a estudiar o de vacaciones fuera del país, se requiere permiso expreso de la pareja dictatorial. Quienes se saltan esta prohibición son inmediatamente sometidos a interrogatorios que podrían culminar en destitución y cárcel.
Sancionado
Acosta mantiene una designación (sanción) por parte de la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13851, por su colaboración con la dictadura en la represión. Considerado una de las piezas clave de la represión en Nicaragua y uno de los principales operadores financieros del régimen, Acosta ostentaba el cargo como ministro de Hacienda y Crédito Público desde 2012, después de la primera renovación de gabinete que hizo el dictador tras su regreso al poder en 2007.
En mayo de 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó que las sanciones impuestas al exministro se debieron a su papel de «organizar un importante apoyo financiero al régimen de Ortega». Además, se le acusó de haber «amenazado personalmente a los bancos para que no participaran en una huelga organizada por los líderes de la oposición en marzo de 2019», cuyo objetivo era impulsar la liberación de los presos políticos.