A cinco años de la «Operación Limpieza» que ejecutó la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los pobladores de Nicaragua, líderes opositores, organizaciones políticas y de derechos humanos continúan exigiendo justicia por los ciudadanos asesinados durante esa embestida.
Según entidades nacionales, el operativo fue perpetrado por paramilitares, miembros del Ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional y de la Juventud Sandinista (JS), a quienes el régimen de Ortega facilitó armamento de guerra para desmantelar, a cualquier costo, las barricadas o tranques que habían en las diferentes zonas del país.
Para el excarcelado político Yubrank Suazo, «la operación limpieza» fue una etapa «sangrienta, de duelo y sufrimiento» para las y los nicaragüenses. Asimismo, recordó que solo en Masaya, de donde él es originario, los grupos de choque del orteguismo asesinaron a más de 30 de personas.
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Ese ataque «solo fue el inicio de una etapa de represión, de persecución en contra de todos aquellos que, de manera espontánea, se sumaron a la lucha de una inmensa mayoría que clamaba y que continúan clamando por libertad, justicia y democracia para Nicaragua», señaló el opositor a Artículo 66.
«Al recordar el plan limpieza, se nos viene a la mente aquella escena dramática, dolorosa de Marcelo Mayorga, tirado en la calle principal de Masaya, que significaba la lucha no violenta, desarmada, que en ese momento enfrentaba el pueblo de Nicaragua contra un régimen que avasallaba de manera brutal con un armamento militar a una sociedad civil que simplemente se manifestaba y defendía sus derechos», apuntó.
Marcelo de Jesús Mayorga López, conocido como «el hombre de la tiradora», fue asesinado de un disparo de fusil AK47, el 19 de junio del 2018, durante la primera fase del denominado «plan limpieza» en la ciudad de Masaya.
El disparo que acabó con la vida del opositor fue en su cabeza, cayendo fulminado a una cuadra de la Iglesia San Jerónimo, de la ciudad de las flores. En una fotografía se evidenció que en sus manos llevaba una tiradora, la única «arma» con la que se defendía.
Por su parte, Max Jerez, presidente de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), indicó a Artículo 66 que esta masacre perpetrada por el régimen Ortega Murillo significó el cierre de cualquier posibilidad de diálogo y la apuesta de la dictadura por una estrategia basada en la represión, el uso de la violencia y la fuerza para contener al pueblo nicaragüense.
«Esta operación limpieza significó esencialmente que la dictadura cerró cualquier canal de comunicación pacífica, cualquier canal de solución política negociada para simplemente apostar por las armas y de esta manera acabar con cualquier tipo de levantamiento social, contener al pueblo nicaragüense. En realidad, se convirtió en una de las mayores masacres en nuestra historia reciente», denunció el ahora excarcelado político.
Asimismo, Jerez señaló que esta embestida ha dejado en las víctimas «heridas profundas» y un anhelo de justicia, de saber quiénes fueron los responsables que disparaban a matar.
«Las víctimas merecen conocer la verdad, merecen saber quiénes fueron los responsables de esta masacre y hay heridas que todavía no han sanado producto de estas acciones», subrayó.
«Es una deuda pendiente investigar y procesar, y llevar ante la justicia a los responsables de esta masacre y cosas como estas no deben volver a repetirse y creo que debemos aprender que la violencia y la fuerza a este nivel debe ser erradicada de nuestra historia como nicaragüenses», agregó.
La jornada represiva se ejecutó entre mediados de junio y comienzos de julio 2018. Las fuerzas de choques de Ortega asesinaron alrededor de 100 nicaragüenses, quienes murieron luchando por la libertad de Nicaragua.
Los grupos de choque del orteguismo atacaron tranques y barricadas que la población tenían en Managua, Jinotepe, Diriamba, Masaya, Monimbó, Sébaco, Matagalpa, San Pedro del Lóvago, Santo Tomás, El Tule, Rivas, Morrito y otros municipios del país.
