En conmemoración del quinto aniversario de la masacre denominada «Operación Limpieza», perpetrada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la población nicaragüense, el exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Paulo Abrão denunció que durante esa embestida se cometieron un sinnúmero de delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad, por los cuales el régimen deberá rendir cuentas «tarde o temprano».
En el foro Crímenes de lesa humanidad en Nicaragua: Operación Limpieza, organizado por Fundación Arias, el defensor de derechos humanos explicó que «en el marco del derecho internacional de los derechos humanos se considera crimen de lesa humanidad cualquier atrocidad o delito de carácter inhumano que exactamente forma parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil».
Abrão señaló que, durante su estancia en Nicaragua como parte de los defensores de la CIDH, se logró documentar que el régimen de Ortega «disparó para matar efectivamente a las personas», asimismo, se registraron otros casos de violaciones a derechos humanos, como reportes de violencia sexual, de prácticas de tortura, detenciones arbitrarias y persecución a los ciudadanos que estaban resguardados en las barricadas o tranques.
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En ese sentido, el abogado brasileño aseguró que todos los delitos cometidos durante «la operación limpieza» conforman crímenes lesa humanidad y a partir de esa masacre, el régimen de Ortega impuso un Estado de terror en Nicaragua. Además, destacó que las violaciones a derechos humanos fueron contra la población y fue una acción cometida desde la propia estructura estatal y partidaria del país.
«Las características fundamentales de la manera por la cual la operación limpieza ocurrió y se implementó estamos frente a crímenes de lesa humanidad, porque atiende a cada uno de los requisitos formales del derecho internacional de los derechos humanos que caracteriza estos crímenes de lesa humanidad», subrayó el abogado.
Armas de guerra en manos del aparato represivo del régimen
Por su parte, el Mayor en retiro Roberto Sacam aseguró que efectivamente los policías y paramilitares, subordinados al gobierno sandinista, usaron armas de guerra durante la sangrienta operación limpieza en 2018.
El exmilitar señaló que la dictadura, durante la masacre, contó con oficiales retirados de alta graduación y con mucha experiencia durante la guerra de los años 80.
Asimismo, detalló que en la operación limpieza los policías y paramilitares usaron «fusiles de asalto AKMS, AK-47 versión alemana, fusiles AK-47, M-16, FAL, G-3, AK-103, AR-15, ametralladora pesada PKM, ametralladora ligera RPK, fusiles de francotirador Dragunov, fusiles M-24 SWS, fusiles catatumbo, lanza cohetes RPG-7, lanza granadas M-79, escopetas calibre 12 Mossberg, escopetas calibre 12 remington y escopeta calibre 12 Maverick 88».
Para Sacam «es ahí donde se puede percibir la magnitud de este crimen de lesa humanidad» debido a que las armas que se utilizaron en este operativo eran de guerra, la mayoría, armas de apoyo a las tropas de infantería.
Tarde o temprano Ortega y sus secuaces serán juzgados
Por otra parte, Paulo Abrão resaltó que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, lo que significa que el régimen orteguista y sus cómplices pueden ser investigados y sancionados en cualquier momento o tiempo.
«No hay prescripción de estos crímenes y tampoco pueden ser objetos de amnistía, que es otro tipo de violación muy grave qué pasó en Nicaragua, no se puede dotar formas de apelación de las responsabilidades establecidas por la ley internacional en materia de crímenes de lesa humanidad. Entonces es un tema jurídicamente abierto en el país porque sabemos que hasta hoy vivimos un estado de profunda impunidad», indicó.
«No sabemos cuándo se hará justicia, pero el hecho de que hemos documentado y caracterizado las violaciones como crímenes de lesa humanidad por medio de instancias internacionales de protección de derechos humanos ofrece a la sociedad que ha estado sufriendo esas consecuencias un horizonte de justicia», agregó.
La jornada represiva se ejecutó entre mediados de junio y mediados de julio 2018. Las fuerzas de choques de Ortega asesinaron a más de 180 nicaragüenses, quienes murieron luchando por la libertad de Nicaragua.
Los grupos de choque del orteguismo atacaron tranques y barricadas que la población tenía en Managua, Jinotepe, Diriamba, Masaya, Monimbó, Sébaco, Matagalpa, San Pedro del Lóvago, Santo Tomás, El Tule, Rivas, Morrito y otros municipios del país.
