La dictadura de Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, continúan con su deriva autoritaria contra la Iglesia católica que peregrina en el país centroamericano. En esta ocasión prohibieron las procesiones en honor a Santa María Auxiliadora.
La abogada e investigadora Martha Patricia Molina, autora del informe «Nicaragua, una Iglesia perseguida», denunció en su cuenta de la red social X, que el régimen negó los permisos a la Iglesia para realizar las tradicionales procesiones con las imágenes.
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«Dictadura sandinista prohíbe todas las procesiones en honor a María Auxiliadora. Una vez más la Iglesia pide autorización y esta es negada. No hay permiso dijeron los guardias», escribió la investigadora en X junto a un emoticón de un rostro con una lágrima en el ojo derecho.
A partir de 2023, el régimen endureció la persecución contra la Iglesia, el clero y sus actividades. Eliminó toda expresión religiosa en las calles, lo que obligó a las parroquias a limitar sus actividades dentro de los muros que rodean los templos y ordenó a la Policía incrementar la vigilancia y asedio contra los sacerdotes y la feligresía.
La dictadura desplegó contingentes policiales en todas las iglesias del país para asediar e impedir las más de 4 mil procesiones de Semana Santa en 2023 y 2024.
La Iglesia católica nicaragüense ha sido blanco de los ataques sistemáticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2018 a la fecha. Durante este quinquenio se han registrado más de 500 agresiones a obispos, sacerdotes y laicos. Además, se han ejecutado asaltos y profanaciones a templos religiosos.
En esa cruzada antirreligiosa de la dictadura «cristiana» de Nicaragua, el régimen obligó al exilio a más de 50 sacerdotes, según un informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Además, ordenó el cierre de 13 medios de comunicación a cargo de la Iglesia.
La guerra emprendida por los Ortega-Murillo contra la fe ha dejado como resultado el encarcelamiento de 55 religiosos, de los cuales han desterrando a 44 y la cancelación de por lo menos 381 organizaciones religiosas (280 evangélicas), según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.