Confiscaciones de bienes son la «nueva piñata» con la que Ortega se ha embolsado más de 250 millones de dólares

El periodista Wilfredo Miranda Aburto, en coordinación con el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA), de la organización Hagamos Democracia, elaboró un reporte sobre «la punta del iceberg» de las confiscaciones ilegales de bienes e inmuebles, pertenecientes a opositores, que fueron ejecutadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. 

Con el inicio de esta nueva «piñata», la investigación del comunicador estima un monto inicial de más de 250 millones de dólares, aunque esta cifra es solo el comienzo de una deuda que «continúa aumentando» y que todos los «nicaragüenses deberán pagar en el futuro».

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Desde 2018, Ortega ha iniciado una nueva serie de «robos», los cuales, en palabras de Miranda Aburto, fueron «complicados» de cuantificar debido a la falta de información y el miedo que impide a las víctimas compartir datos. Esta medida represiva ha afectado a opositores, empresarios, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), medios de comunicación, universidades, la Iglesia católica y sedes diplomáticas.

El 9 de febrero de 2023, el régimen orteguista deportó a 222 presos políticos a Estados Unidos, confiscándoles todos sus bienes y congelando sus cuentas bancarias. Seis días después, el gobierno sandinista despojó de su nacionalidad a 95 opositores más. En total, 317 nicaragüenses fueron afectados.

El informe documenta 36 casos de confiscaciones, sumando 78 propiedades con un valor total de casi 18 millones de dólares a los críticos del gobierno. La mayoría de las propiedades están ubicadas en Managua y representan viviendas personales y vacacionales, terrenos, fincas y módulos comerciales. Muchas de ellas han sido transferidas a entidades estatales como el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y el Instituto Tecnológico Nacional (INATEC).

En marzo de 2023, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a los ocupantes de propiedades confiscadas que formalizaran su «estatus ocupacional». Un ejemplo notable es el Condominio Amazonia, en Managua, donde todos los 16 apartamentos, valorados en 960,000 dólares, fueron confiscados. Los inquilinos abandonaron el complejo después de que se les exigiera un canon excesivo de 500 dólares por arrendamiento.

El régimen también extendió la confiscación a familiares de los desnacionalizados. En enero pasado, la Policía confiscó el Hotel Casablanca, propiedad de la madre del exmagistrado sandinista, y padrino de la pareja dictatorial, Rafael Solís, así como el condominio Farallón de Sotavento (evaluado 2,2 millones de dólares en 2017), propiedad de la familia Chamorro Barrios.

Ataque a oenegés y empresarios

Desde 2018, el régimen de Ortega y Murillo ha clausurado 3,494 ONG, especialmente después de aprobar la Ley de Agentes Extranjeros en octubre de 2020. Según el informe de Miranda, hasta abril de 2024 se han confiscado 41 propiedades de 30 organizaciones, con un valor total aproximado de 8,4 millones de dólares.

Algunas ONG afectadas incluyen el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), con cuatro propiedades confiscadas, valoradas en 1,2 millones de dólares, transferidas al Ministerio de Salud (MINSA) y la Fundación del Río, con 22 propiedades en el departamento de Río San Juan, valoradas en 1,5 millones de dólares.

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De igual manera, los empresarios nicaragüenses, anteriormente aliados del régimen Ortega-Murillo, también han sufrido confiscaciones significativas. Desde marzo de 2023, el gobierno ha cerrado 35 cámaras y asociaciones empresariales, incluyendo el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), cuya sede valorada en 500,000 dólares fue confiscada.

Entre las propiedades confiscadas, se destacan la Asociación Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), con tres propiedades valoradas en 1,000,100 dólares y 9,800 manzanas de tierras tomadas y los dominios de Piero Coen Ubilla, valorados en 100 millones de dólares, incluyendo el complejo Viejo Santo Domingo.

Esta investigación también identificó que las propiedades de grandes empresarios podrían sumar 300 millones de dólares en confiscaciones no públicas. «Lo que logramos documentar apenas el OPTA, en el plano empresarial, a nivel personal y gremial, fue la confiscación de 163,478,756 de dólares, pero este es un número ínfimo y es apenas la punta del iceberg de las confiscaciones en el plano empresarial», señaló Miranda Aburto en una conferencia virtual.

Bolsillos llenos de Ortega

Según las investigaciones del periodista, cofundador del medio de comunicación Divergentes, solo en la confiscación de bienes a las universidades privadas Ortega obtuvo 30,565,000 de dólares, «aunque esta cifra es mínima comparada con el valor total de lo expropiado».

Se conoce el valor de dos propiedades confiscadas a la Universidad Paulo Freire, valoradas en 565,000 dólares, y del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), valorado en 30,000,000 de dólares. La propiedad de la Universidad Centroamericana (UCA), en una zona de alta plusvalía de Managua, podría valer cerca de 50 millones de dólares.

Mientras que a la Iglesia católica, la dictadura le ha confiscado 15 propiedades pertenecientes a nueve asociaciones religiosas, entre ellas el convento de las hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo, en León, y la residencia Villa Carmen de los sacerdotes jesuitas de la UCA.

A pesar de estas acciones, la Iglesia Católica no ha proporcionado un balance detallado de sus pérdidas, que incluyen el cierre de cuentas bancarias y la apropiación de emisoras como Radio María.

Una fuente ligada a la alta jerarquía católica comentó a Miranda Aburto que «no tengo idea si hay una estimación, pero la cantidad debe ser enorme, pues no solo han congelado las cuentas de la Conferencia Episcopal y de las parroquias, sino que se han apoderado de propiedades e instituciones de la Iglesia y de cuentas bancarias de algunos sacerdotes. Los obispos que están en Nicaragua lamentablemente guardan silencio y minimizan estos hechos».

Por otro lado, a los medios de comunicación el régimen les ha confiscado 22,197,011.60 dólares en propiedad y en equipos, la cantidad asciende a 4,423,653.40 dólares, entre los seis medios de comunicación que brindaron la información para el informe de OPTA. 

Uno de ellos fue el canal 100% Noticias y según su director, Miguel Mora, las pérdidas económicas superan los 5,000,000 de dólares, incluyendo equipos de televisión y vehículos utilizados para coberturas. El valor del inmueble se estima en unos 900,000 dólares. Actualmente, ambas propiedades pertenecen al Ministerio de Salud (MINSA). 

Los directivos del diario La Prensa también calcularon en más de 20,000,000 de dólares las pérdidas por la confiscación de su periódico. Esta estimación incluye los terrenos y los bienes que estaban dentro en el momento de la toma. Sin embargo, también recalcan que se debe calcular el lucro cesante desde 2018, es decir, las ganancias que el diario ha dejado de percibir como consecuencia directa de las agresiones y los embargos aduaneros sobre los equipos, que se llevaron a cabo durante tres años, obstaculizando la liberación de papel, tinta y otros insumos.

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«No se conoce la cantidad total de propiedades que han sido afectadas hasta la fecha y además que el Gobierno ha ido confiscando paulatinamente los bienes muebles e inmuebles de alto valor de nuevo en el plano de las complicaciones en contra del sector privado», detalló Miranda Aburto.

Hasta 2023, Nicaragua terminaría de pagar la primera piñata de Ortega. Sin embargo, debido a la falta de información disponible no se sabe cuánto falta por pagar. Ante ese antecedente, el dictador, una vez más, vuelve a generarle una deuda millonaria a Nicaragua con esta nueva etapa de confiscaciones, que ya había comenzado desde la crisis sociopolítica.