Diversos opositores a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo afirman que el régimen de Nicaragua se prepara para entregar la concesión del Gran Canal Interoceánico a su nuevo socio, China. El caudillo sandinista decidió reformar la Ley 800, Ley Creadora de la Autoridad del Gran Canal, para arrebatar la concesión al empresario Wang Jing, de la empresa HKND Group.
La disidente sandinista y desterrada política, Dora María Téllez, afirmó en X que la concesión canalera otorgada por Ortega a Wang Jing está «oficialmente muerta», tras la reforma ordenada por Ortega y que fue aprobada apresuradamente en la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo.
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«Ahora, viene la nueva etapa, el endoso de todas las concesiones al gobierno chino. Entregar Nicaragua a precio de guate mojado. La operación vendepatria de los Ortega Murillo», escribió Téllez en la red social.
El exaspirante presidencial y desterrado político, Juan Sebastián Chamorro, asegura que Ortega no mandó a reforma a la Ley 800, «su Ley vende patria», «así nomás». Sino, que ya tiene otro concesionario «más rico y poderoso a quien le piensa sacar otra tajada y vender el país en el proceso. Aquí se está cocinando algo que pronto sabremos».
«En la reforma a la Ley 800, Ley de creación de la autoridad del Gran Canal, Ortega puso a Mojica como Presidente de la autoridad y de Secretario al Chigüín. Ambos muy activos en las relaciones con China, así que por ahí parece que va la cosa. Ortega continúa vendiendo el país», analizó el opositor.
Reforma a la Ley 800 «debe ser una alerta»
Félix Maradiaga, politólogo y exaspirante presidencial, manifestó que esa acción de Ortega y Murillo, lejos de ser una celebración, debe ser una alerta para los «planes devastadores de la dictadura que sigue poniendo en riesgo el patrimonio territorial de todos los nicaragüenses».
«El hecho de que la dictadura se vea forzada a admitir que la concesión a Wang Jing fue siempre una estafa, no nos debe detener. Los nicaragüenses de buena voluntad no podemos dejar de incidir, reclamar y trabajar por el fin definitivo de todo plan de la dictadura que pretenda despojar de sus tierras a las comunidades campesinas, indígenas, y todo legítimo dueño», dijo en un video.
Por su parte, el dirigente campesino y desterrado político, Medardo Mairena, indicó que los dictadores se negaban a aceptar su irresponsabilidad al entregar el patrimonio nacional y las tierras de los campesinos a un «proyecto que nunca tuvo ni pies ni cabeza».
«Solamente cuando se ven amenazados por demandas de parte de las víctimas estafadas por el prófugo Wang Jing, recurren apresuradamente a derogar la ley 840 y reformar la 800 para pretender que el proyecto continua vigente», escribió Mairena en X.
El opositor manifestó que es difícil que alguien serio se quiera asociar con un régimen ilegítimo, criminal y mafioso. «Los campesinos y todos los nicaragüenses continuamos exigiendo la derogación de la Ley 800 y conminamos a los Ortega-Murillo que saquen sus manos corruptas del manejo de nuestro patrimonio como nación», añadió.
Héctor Mairena de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), afirmó que Ortega, después de 11 años de haber otorgado la concesión, está aceptando el fracaso de una supuesta mega obra que nunca empezó y que solo violentaba las leyes del país centroamericano.
«Hay que estar alertas porque Ortega no hace ninguna jugada sin tener otras preparadas, es muy probable que ya tenga a otra institución o empresa a quien otorgarle la concesión que entregó a un estafador», concluyó.
La concesión del canal interoceánico le daba derechos de expropiación al empresario Wang Jing por 50 años, prorrogables por 50 años más. La ruta cruzaba el país desde el Caribe al pacífico nicaragüense. Los campesinos iniciaron un movimiento porque serían despojados de sus tierras y eso les valió la persecución de la dictadura.