El Consejo de los Ilustres Colegios de la Abogacía de Cataluña (CICAC), en España, otorgará a nueve defensores de derechos humanos nicaragüenses el «Premio Valors 2024», un galardón que reconoce su labor humanitaria y su compromiso de apoyo hacia la población.
Mediante una misiva, la presidenta del CICAC, Marta Martínez Gellida, expresó que este premio valora la «valiente defensa de los derechos humanos en Nicaragua, a pesar de la represión que esto les ha supuesto por parte del actual régimen político del país».
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En el marco de la celebración del Día de la Abogacía Catalana, la organización española «quiere reconocer a las personas y entidades que, con los valores que predican dentro de sus profesiones, son referentes que necesitamos para sacar adelante nuestra sociedad y defender, al mismo tiempo, los derechos humanos y la justicia».
La lista de galardonados está conformada por los activistas y promotores María Oviedo, Ana Margarita Vijil, Mónica López Baltodano, Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del confiscado Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Róger Reyes, Álvaro Leiva, Gonzalo Carrión, uno de los fundadores del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Uriel Pineda y Yonarqui Martínez.
La XI Edición de los «Premios Valors 2024» se celebrará la tarde del próximo jueves, 20 de junio, en una ceremonia que se realizará en la ciudad de Sabadell, Cataluña.
Durante la actividad, la CICAC también entregará «otros tres premios a personas y entidades destacadas por su labor de defensa de los derechos humanos y su activismo».
En Nicaragua, la situación de los derechos humanos se ha deteriorado significativamente debido a la represión desatada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han redoblado sus esfuerzos para denunciar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la pareja dictatorial y exigir justicia por las víctimas.
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Sin embargo, el régimen nicaragüense persiste en desacreditar a estos organismos y restringe su trabajo al limitar el acceso a información, cerrar espacios para el diálogo y cancelar sus personerías jurídicas.
A pesar de estas dificultades, las organizaciones y colectivos continúan, desde el exilio, su lucha por la defensa de los derechos humanos, brindando apoyo a los nicaragüenses afectados y documentando las violaciones que, hasta el día de hoy, sigue sufriendo la población.