CIDH urge a Ortega poner fin a la represión y la impunidad

Al cumplirse seis años de las protestas sociales de abril 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado de Nicaragua restablecer la democracia, poner fin a la represión en el país y combatir la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 18 de abril de ese año.

La organización considera que las manifestaciones cívicas «reflejaron espontáneamente el descontento social acumulado a través de los años frente a procesos institucionales que fueron coartando la expresión ciudadana, cooptando las instituciones públicas y concentrando los poderes públicos en el Ejecutivo».

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La CIDH recordó que la represión estatal dejó una fatídica cifra de 355 personas asesinadas, más de 2 mil heridos y más de 2 mil personas presas políticas.

Esta respuesta estatal, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas, evidencia que en el país centroamericano se cometieron crímenes de lesa humanidad.

«Nicaragua llevó a cabo conductas que pueden configurar crímenes de lesa humanidad, tales como asesinato, privación de la libertad, persecución, violación, tortura y desaparición forzada», señala la CIDH.

«… la represión estatal contra las voces disidentes ha persistido bajo diferentes etapas y niveles de intensidad, desencadenando una crisis política, social y de derechos humanos que sigue profundizándose», añade.

El organismo continental ha observado, a través de distintos mecanismos, la situación de Nicaragua desde abril de 2018, cuando el régimen acordó en la Mesa de Diálogo invitar a la CIDH al país centroamericano. 

«Desde 2018, la CIDH ha documentado la continuidad de detenciones arbitrarias, la permanente amenaza de criminalización y un clima de persecución y vigilancia contra la población civil que ha forzado a miles de personas a desplazarse a otros países», resaltó.

La CIDH destaca que, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 440 mil nicaragüenses solicitaron asilo a nivel mundial, entre 2018 y 2023.

«Actualmente el contexto de cierre del espacio cívico y democrático en Nicaragua constituye uno de los más graves en la región. El principio de separación de poderes se quebrantó. Todos los poderes están alineados y dirigidos por el Ejecutivo, por lo que no representan límites para el ejercicio del poder ni impiden las arbitrariedades; por el contrario, las facilitan o consolidan», afirmó.

Para el organismo, la concentración del poder ha facilitado que Nicaragua se transforme en un estado policial, donde «el Ejecutivo tiene instalado un régimen de terror», mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión a través de las instituciones de seguridad estatales y paraestatales.

La CIDH elevó un llamado a la comunidad internacional para promover el retorno a la democracia y la plena vigencia del Estado de derecho en Nicaragua, así como realizar esfuerzos para evitar la impunidad de crímenes internacionales conforme al derecho internacional. 

«El fin de la impunidad y el retorno del sistema de la democracia representativa constituye la mejor garantía de la vigencia de los derechos humanos y es el firme sustento de la solidaridad entre los países del continente», concluyó.