El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) de Nicaragua adjudicó en marzo de este año, dos contratos bajo la modalidad de «licitación selectiva», para la compra de refrigerios que incluyen gaseosas de diferentes sabores, galletas y azúcar dietéticas, agua purificada, café y té de diferentes sabores y calidades, valorados en más de 1 millón 800 mil córdobas.
De acuerdo con la Resolución Ministerial número 20-2024, de la Cancillería, firmada por Yaosca Calderón Martín, ministra asesora administrativa financiera, y publicada en la Gaceta Oficial número 57, del miércoles 3 de abril de 2024, la institución resolvió adjudicar la licitación selectiva número LS02-2024, «Adquisición de productos comestibles» a los dos únicos oferentes que fueron invitados a la convocatoria, aunque las dos empresas ofrecieron valores superiores al precio base establecido por el adquirente.
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Sin embargo, durante el proceso de evaluación de las ofertas, el MINREX aumentó el presupuesto inicial para los refrigerios y de esa manera, los dos oferentes se beneficiaron de la compra estatal, según consta en la publicación de La Gaceta.
La compra de «productos comestibles» estaba debidamente planificada en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) del presente periodo presupuestario de esa institución, para lo que estaba ya planificado y autorizado un monto total de 1 millón 678 mil 284 córdobas.
La Organización de Estados Americanos (OEA) comunicó que el mandato del «Grupo de Trabajo para Nicaragua» concluyó y, en su lugar, un «grupo voluntario» de países sería responsable de supervisar la situación sociopolítica actual en el país. Los opositores consideran que esta medida responde a que «se debían encontrar nuevos mecanismos para responder a la crisis» que se vive en el país.
Para el líder estudiantil y vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE), Enrique Martínez, la iniciativa de la OEA «implica un cambio en la forma en la que se va a abordar la situación de Nicaragua, en concordancia con su salida del organismo».
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«Se debía encontrar nuevos mecanismos para responder a la crisis que se vive en el país y seguir documentando todos aquellos elementos sustanciales que apunten a un deterioro democrático y violaciones de derechos humanos que, en ese sentido, la OEA ha logrado sintetizar cierta información relevante sobre lo que ha venido aconteciendo en Nicaragua a lo largo del tiempo», señala el opositor.
Martínez dijo a Artículo 66 que «es importante que los actores democráticos nicaragüenses busquemos en la brevedad posible un acercamiento con este nuevo grupo y actualizarlo sobre ciertas temáticas, entre ellas, la represión transnacional que está propiciando la dictadura a personas refugiadas en países como Costa Rica».
El Departamento de Estado de Estados Unidos afirma que muchos migrantes de otros países usan el aeropuerto de Nicaragua para emprender «un viaje en vano tratando de entrar irregularmente a Estados Unidos». Estas personas, según la sede diplomática, creen en «falsas promesas» de los coyotes.
«Se exponen a un enorme peligro, arriesgando su destino y su vida. La frontera de EE.UU. permanece cerrada a la migración irregular», escribió la cancillería del país norteamericano en su cuenta oficial de X.
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En un video publicado en la red social, Kevin O’Reilly, encargado de negocios de la delegación norteamericana, señala que «demasiados ciudadanos de África occidental intentan viajar a Estados Unidos de forma irregular, atraídos por las autoridades permisivas de Nicaragua que irresponsablemente alientan la inmigración».
Cada acción represiva del dictador Nicolás Maduro contra la oposición venezolana es una copia fiel de las leyes inconstitucionales promovidas por Daniel Ortega. El chavista mandó a la Asamblea de su país un «proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares» que impone cárcel, inhabilitación política y multas por decir «mensajes prohibidos» contra su gobierno.
Esta práctica es una réplica de las medidas perpetradas por Daniel Ortega y Rosario Murillo en 2021, cuando Nicaragua se preparaba para unas votaciones presidenciales ajustadas a la medida del dictador. En ese año se aprobó el arrebato de la personalidad jurídica de varios partidos y el encarcelamiento de siete aspirantes presidenciales.
La aprobación de este proyecto de ley se da a escasos meses de las elecciones presidenciales en Venezuela, programadas para el próximo 28 de julio. La normativa abre la posibilidad de que el régimen de Maduro elimine partidos políticos e inhiba a diversos candidatos de la oposición.
Para Félix Maradiaga, politólogo y desterrado político, la nueva ley del régimen venezolano es prácticamente una «copia exacta» del paquete de leyes de soberanía y seguridad nacional que aprobó la dictadura sandinista de Daniel Ortega en Nicaragua, hacía algunos años. «Son zorros del mismo piñal», alertó el opositor nicaragüense.