Estados Unidos decidió ampliar sus sanciones a ejecutivos de compañías aéreas de vuelos chárter que facilitan la migración irregular. Las primeras restricciones de visas se anunciaron en noviembre de 2023 y se ampliaron el 21 de febrero pasado. Estas acciones surgen tras una investigación de Artículo 66 que reveló la llegada sospechosa de una cantidad inusual de viajes procedentes de Haití, Cuba y otros países del Caribe.
Mathew Miller, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, afirmó que estas acciones responden a la creciente tendencia de las aerolíneas chárter a ofrecer vuelos a Nicaragua, diseñados principalmente para inmigrantes irregulares y son las primeras restricciones impuestas bajo la expansión de política de restricción de visas ampliada en febrero pasado.
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«Estas acciones de restricción de visas apuntan a la práctica predatoria de las empresas de transporte de sacar provecho de los migrantes vulnerables y facilitar la migración irregular a los Estados Unidos. Nadie debería sacar provecho de los migrantes vulnerables: ni los contrabandistas, ni las empresas privadas, ni los funcionarios públicos ni los gobiernos», señala Miller en una nota de prensa oficial.
El Gobierno norteamericano explica que continuará trabajando para lograr la «eliminación de esta práctica de explotación» y advirtió que seguirá implementando «restricciones de visa adicionales según sea necesario».
El negocio de los vuelos chárter
Aproximadamente más de 36 mil personas de Cuba, Haití y otros países del Caribe arribaron en vuelos desde su nación al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en Managua. La mayoría de vuelos eran de las aerolíneas Sunrise Airways S.A., InterCaribbean Airways y Sky High Aviation Services, la mayoría registradas en los países de donde venían los migrantes.
La dictadura de Ortega y Murillo se aprovechó de la crisis migratoria en estos países para ofrecer vuelos privados o chárter a sus ciudadanos, en los cuales llegaban al aeropuerto de Managua para posteriormente irse en taxi hasta la frontera con Honduras.
Se estima que este negocio ya generó más de 7 millones de dólares para la dictadura, según datos de varias organizaciones que monitorean las estadísticas migratorias.
