La Organización de Estados Americanos (OEA) comunicó que el mandato del «Grupo de Trabajo para Nicaragua» concluyó y, en su lugar, un «grupo voluntario» de países sería responsable de supervisar la situación sociopolítica actual en el país. Los opositores consideran que esta medida responde a que «se debían encontrar nuevos mecanismos para responder a la crisis» que se vive en el país.
Para el líder estudiantil y vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE), Enrique Martínez, la iniciativa de la OEA «implica un cambio en la forma en la que se va a abordar la situación de Nicaragua, en concordancia con su salida del organismo».
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«Se debía encontrar nuevos mecanismos para responder a la crisis que se vive en el país y seguir documentando todos aquellos elementos sustanciales que apunten a un deterioro democrático y violaciones de derechos humanos que, en ese sentido, la OEA ha logrado sintetizar cierta información relevante sobre lo que ha venido aconteciendo en Nicaragua a lo largo del tiempo», señala el opositor.
Martínez dijo a Artículo 66 que «es importante que los actores democráticos nicaragüenses busquemos en la brevedad posible un acercamiento con este nuevo grupo y actualizarlo sobre ciertas temáticas, entre ellas, la represión transnacional que está propiciando la dictadura a personas refugiadas en países como Costa Rica».
El activista político destacó que «la eliminación del grupo de trabajo y la formación de este grupo voluntario sí está relacionado con la salida de Nicaragua de la OEA, ya que con esto se requieren nuevos instrumentos para seguir promoviendo la esencia democrática y la defensa de los derechos humanos».
Medidas más fuertes y contundentes
Por otro lado, Danny Ramírez Ayerdíz, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh), consideró que la disolución del Grupo de Trabajo de la OEA para Nicaragua tiene un «corte político», ya que el Consejo Permanente «se han dado cuenta que la limitación del mandato de este grupo»
«De alguna manera, retrasan medidas más contundentes o iniciativas políticas más fuertes con relación a Nicaragua, pero al ser un grupo voluntario, que deja abierta la participación de los Estados y no está limitado por un mandato como el anterior Grupo de Trabajo, pienso que va a tener una mayor contundencia política», afirmó el funcionario de Calidh a este medio de comunicación.
Ramírez Ayerdíz comentó que el grupo disuelto «tenía como finalidad promover un diálogo. Sin embargo, eso sabemos que no es posible en el actual contexto. Entonces, estas iniciativas políticas significan que los Estados se están dando cuenta que con Nicaragua no se trata de ningún diálogo o proponer algún consenso, porque el gobierno no quiere nada».
El secretario de Calidh indicó que el nuevo grupo voluntario es más «certero» y que tendrá propuestas «mucho más amplias», ya que «no está controlado por un mandato reducido». «Tendremos que ver cuáles van a ser los efectos y la capacidad de resolución con el tiempo», declaró.
OEA «preocupada» por Nicaragua
El integrante de la Unidad Azul y Blanco (UNAB) Héctor Mairena dijo a Artículo 66 que la conformación de este grupo voluntario y la resolución que se dio en el Consejo Permanente expresa la «preocupación» y «atención» de los países de los Estados miembros de la OEA sobre la situación en Nicaragua.
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Del mismo modo, Mairena indicó que aunque el régimen orteguista decidió retirar a Nicaragua de la OEA en el 2021, proceso que se concretó en el 2023, «no significa que el gobierno deja de tener responsabilidades en materia de derechos humanos».
«Con esto quiero decir que en tanto el Estado de Nicaragua se mantenga como parte de esos convenios y tratados internacionales, su responsabilidad en materia de derechos humanos sigue vigente. Por lo tanto, el seguimiento que debe dar y que está dando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene absoluta base legal», manifestó el miembro de UNAB.
Reacción furibunda de Murillo es «antidiplomática»
Una vez más, la vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, dio muestras de su buen manejo del discurso de odio y arremetió en insultos contra la OEA, organismo al que llamó desde «estercolero» hasta «basurero de América», en respuesta al anuncio hecho por la organización regional sobre el «grupo voluntario».
Ramírez Ayerdíz opina que esta reacción negativa «es una manera en la que los regímenes represivos de Latinoamérica han criticado a este órgano intergubernamental». «Los gobiernos están cometiendo graves violaciones de derechos humanos y ninguno quiere ser observado ni quedar en evidencia», agrega.
El secretario de Calidh asegura que Murillo es «una persona que no quiere quedar expuesta ni quiere dar cuentas de lo que ha hecho el gobierno y ella, que es la ‘número dos’, desde 2018 hasta la fecha».
Mientras que Martínez apuntó que la portavoz de la dictadura sandinista «utiliza palabras sumamente rebuscadas para minimizar el impacto que tiene que la OEA, que busca la forma de seguir viendo cómo el régimen no ha captado ciertos acuerdos y llamamientos que ha hecho esta institución».
El vocero de PUDE dijo que el discurso de odio de Murillo «podría estar motivado por el temor a que, además de la OEA, la comunidad internacional siga ejerciendo presión sobre la situación que se vive dentro del país».
«Los aliados democráticos tienen que encontrar algún mecanismo para seguir ejerciendo presión y creo que ese es el mensaje al que Rosario Murillo le tiene miedo y que va muy de la mano con lo recientemente expresado por el grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU)», manifestó.
El nuevo grupo voluntario
Este miércoles, tres de abril, la OEA creó un «grupo voluntario» que seguirá de cerca la situación en Nicaragua, casi cinco meses después de que este país dejara formalmente de ser miembro de la organización.
Por aclamación, el Consejo Permanente, órgano ejecutivo del organismo internacional, adoptó una resolución que disuelve el Grupo de Trabajo sobre Nicaragua, creado en 2018. En el texto, la OEA advierte que «continuará dando seguimiento a la situación en Nicaragua, cuando lo estime necesario, incluso mediante un diálogo amplio con actores locales e internacionales, incluidas las autoridades nicaragüenses».
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El nuevo equipo voluntario «estará abierto a la participación de todos los Estados miembros» y «no generará costos para el presupuesto de la organización». De igual manera, la comunidad internacional recordó al régimen orteguista que su salida de la OEA «no le exime del deber de cumplir con sus demás compromisos internacionales, especialmente aquellos relacionados con la promoción y protección de los derechos humanos».
Los países de la OEA denuncian que en Nicaragua existe «un desmantelamiento de las estructuras cívicas, un deterioro de las instituciones y poderes esenciales de un Estado de derecho y la violación sistemática y persistente de los derechos humanos».