El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo persiste con sus medidas represivas contra las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de Nicaragua. Este miércoles, tres de abril, el Ministerio del Interior (MINT) canceló la personería jurídica de «Un techo para mi país» y otros catorce organismos más, nueve de ellos por «incumplimiento a las leyes» y los otros seis por «disolución voluntaria».
Mediante el acuerdo ministerial No. 18-2024-OSFL, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, la ministra del Interior, María Coronel Kinloch, afirmó que las nueve oenegés abolidas «han incumplido con sus obligaciones conforme Ley, ya que no reportaron por periodos de entre dos hasta nueve años sus estados financieros conforme períodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final) y Juntas Directivas».
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Las organizaciones canceladas por estos motivos fueron Fundación Hermanamiento Maastricht-Rama (Hermanamiento RaMa), Asociación Remigio Salazar Pro Resurgimiento de El Viejo, en Chinandega, Asociación Iglesia Jesucristo Viene Ya (VIENE YA) y Rural Veterinary Experience, Teaching And Service, Inc.
Completan la lista la Asociación Iglesia Primitiva de Dios, Fundación Odontológica Comunitaria (FOCO), Asociación Misión Evangélica Nueva Pentecostés en Nicaragua «MISIÓN NUEVA PENTECOSTÉS», la Asociación Proyecto Social de Salud y Tecnificación Casa de la Mujer y la Fundación un Techo para Chile (Un techo para mi país).
Esta última organización estaba «conformada por jóvenes voluntarios junto con habitantes de asentamientos populares de América Latina» y que, además, aspiraba a «superar la extrema pobreza en las comunidades a través del desarrollo comunitario», según la información publicada en su sitio web.
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El grupo tenía como objetivo «acercar a las familias a una vivienda digna y dar respuesta al déficit habitacional originado por la situación de pobreza o por causa de desastres naturales que afectan a miles de personas».
Según las publicaciones en su cuenta oficial de X, la organización humanitaria promovió conciertos y festivales de música benéficos, así como campañas de donaciones de libros, eventos culturales, conferencias, voluntariados y proyectos sociales. Sin embargo, debido a la crisis sociopolítica de 2018, el organismo se vio obligado a «reducir su personal» y «cerrar sus oficinas».
Actualmente, la Fundación TECHO tiene presencia en 17 países de la región latinoamericana, incluyendo Haití, Venezuela y Colombia. Sin embargo, en la página web internacional ya no aparece Nicaragua como una de las naciones beneficiadas.
Organizaciones «disueltas voluntariamente»
Por otro lado, el MINT también canceló la personería jurídica de otras seis oenegés, debido a que estas pidieron al organismo gubernamental su «disolución voluntaria». Entre ellas figura la Asociación Redes de Solidaridad Nicaragua (ARESONI) y la Asociación Ministerio Centro de Fé Destinados para Grandeza (AMCFDG), que cerraron «por falta de financiamiento e imposibilidad de continuar ejecutando sus proyectos sociales».
Mientras que la Fundación Politécnico La Salle y Asociación Integral a la Familia Juan Pablo II (ASATINFAJUP II) solicitaron su disolución «por disminución del número de sus miembros al mínimo fijado por la Ley y falta de recursos para desarrollar proyectos, lo que ha imposibilitado el cumplimiento de los fines y objetivos para los cuales se constituyó la fundación».
La Asociación de Pequeños Mineros Artesanales (ASPEMINA) requirió su disolución voluntaria «por no contar con recursos económicos para el cumplimiento de sus fines y objetivos» y la Global Brigades, Inc optó por la misma decisión por «haber culminado su cartera de proyectos en Nicaragua».
Como es costumbre, el régimen sandinista se apropió de los bienes de ambas organizaciones, ya que ordenó que todas las propiedades pasaran a manos de la Procuraduría General de la República, la maquinaria legal que usa Ortega para confiscar y expropiar a las personas que se oponen a su represión y cuestionan su gobierno.
Desde diciembre de 2018, cuando se registró la primera embestida contra la libertad de asociación, el régimen de Managua ha cancelado más de 3 mil oenegés, confiscado sus bienes y tomado las instalaciones por la fuerza. Estos ataques represivos del régimen han dejado a decenas de personas sin empleo, así como a miles de niños, niñas, adolescentes y mujeres sin acceso a programas y proyectos sociales que ejecutaban las organizaciones en diversos departamentos del país.