El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa con su campaña de clausura a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Mediante el acuerdo ministerial 07-2024-OSFL, publicado en La Gaceta de este lunes, 12 de febrero, el Ministerio del Interior (MINT) disolvió el Club Social de Obreros de Santo Tomás, departamento de Chontales.
De acuerdo a la información del Diario Oficial, la personería jurídica de la oenegé fue cancelada bajo el argumento de que esta «incumplió sus obligaciones conforme a la Ley, al no inscribirse ante el MINT y no reportar, desde su constitución en el año 2000, Estados Financieros y Junta Directiva».
El Club Social de Obreros también fue cancelado, debido a que la organización «jurídicamente no existe desde su creación». La resolución, que fue firmada por la ministra del MINT, María Amelia Kinloch, expone que la agrupación «evadió los controles de supervisión y regulación, al estar funcionando sin personalidad jurídica como Organismo Sin Fines de Lucro».
«Los dos organismos antes mencionados, con estas acciones, han obstaculizado la vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, ya que no reportaron estados financieros conforme periodos fiscales desde su creación, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final», manifestó el MINT.
Además, el acuerdo ministerial agrega que la oenegé no promovió «políticas de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de sus proyectos, así como los directivos que los administraban, incumpliendo sus obligaciones».
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Como es costumbre, el régimen sandinista se apropió de los bienes de ambas organizaciones, ya que ordenó que todas las propiedades pasaran a manos de la Procuraduría General de la República, la maquinaria legal que usa Ortega para confiscar y expropiar a las personas que se oponen a su represión y cuestionan su gobierno.
El Club Social de Obreros de Santo Tomás funcionaba como un salón donde se celebraban eventos como ferias, fiestas de cumpleaños y reuniones. El pasado 12 de enero de este 2024, el club había cumplido 24 años desde su creación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató la persistencia de campañas de desprestigio y estigmatización proferidas por parte de las más altas autoridades estatales, en contra las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, como medios de comunicación independientes, religiosos, personas defensoras de derechos humanos y otros activistas, con el fin de deslegitimar sus labores y asociarles con actividades delictivas.
«Se observó que, de las 3.390 organizaciones canceladas, el 32% estaban vinculados a temas de desarrollo; 16% cumplían con fines gremiales; 11% eran organizaciones de naturaleza religiosa; y el 10% se dedicaba a la defensa y promoción de los derechos humanos», denunció la CIDH.
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Este cierre masivo de organizaciones, según las investigaciones del organismo internacional, tendría «graves impactos para las personas y grupos en situación histórica de discriminación que se beneficiaba directamente de la ejecución e implementación de programas y proyectos sociales, humanitarios y de la cooperación internacional para el desarrollo. Entre ellos: mujeres, niñas, niños y adolescentes, y comunidades indígenas o afrodescendientes».
