Las manifestaciones cívicas obligaron a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a solicitar a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) que mediara un «Diálogo Nacional» entre los sectores de oposición y el régimen sandinista.
Los obispos de la CEN (actualmente tres de ellos en el exilio) convocaron a los opositores para sentarse con la delegación de la dictadura y así nació la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), un grupo diverso de voces opositoras que obligó a Ortega y Murillo a negociar.
Noticia relacionada: Denuncian más agresiones contra presos políticos encerrados en La Modelo
La pareja dictatorial solo asistió a la instalación de la mesa del diálogo nacional y luego dejó encargado al canciller Dennis Moncada para las negociaciones, pero la Alianza Cívica se levantó varias veces y abandonó las conversaciones por la falta de voluntad del caudillo sandinista a ceder ante las peticiones de la oposición.
En el diálogo nacional se logró acordar la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), este último expulsado tras presentar un informe que documentó crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado.
Al año siguiente, en 2019, la Alianza Cívica volvió a sentar a la dictadura, ahora en una «mesa de negociación» con grupos de seis personas por cada bando. Por la oposición estaban el fallecido Michael Heally, José Adán Aguerri, Mario Amador, Max Jerez, José Pallais y Carlos Tünnerman; con excepción de Tünnerman y Amador, los demás miembros de la oposición sufrieron cárcel y fueron desterrados a Estados Unidos.
En esa ocasión se logró que la dictadura firmara un «acuerdo para la facilitación del proceso de liberación de personas privadas de libertad de conformidad al ordenamiento jurídico del país y las respectivas obligaciones internacionales de Nicaragua en este ámbito», pero poco se logró porque la dictadura no ha cumplido su compromiso y sigue encarcelando a la disidencia.
Lo que sí ha cumplido son los años que han pasado desde que la delegación del régimen Ortega Murillo firmó dicho documento, pero nunca hizo un mínimo esfuerzo por cumplirlo en su totalidad. Varios presos políticos que guardaban prisión en ese momento fueron recapturados tras ser puestos en libertad, incluso cuatro de los miembros de la Alianza Cívica sufrieron cárcel, los mismos que firmaron por la oposición.
La dictadura se comprometió a liberar a los presos políticos detenidos desde abril 2018, pero solo dejó en libertad a quienes quiso y se quedó con un grupo de rehenes. A finales de enero de este año, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, 121 personas permanecen en las cárceles del país bajo tratos crueles, inhumanos y degradantes que atentan contra su integridad física y emocional.
